El asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, continúa generando repercusiones en Chile y ahora también en Colombia. La tarde del pasado sábado 16 de agosto, fue detenido en la ciudad de Barrancabermeja el joven venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández de 18 años, imputado como el presunto sicario que participó en el crimen.
La captura fue posible gracias a una operación binacional encabezada por Interpol Colombia, en coordinación con Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Oficina Central Nacional de Interpol en Chile. Según informaron las autoridades, Mejía había modificado su apariencia para evitar ser reconocido, tiñéndose el cabello de rubio y ocultando con un yeso un tatuaje en su mano.
El caso ha estado rodeado de polémica desde el inicio. Pese a haber quedado en prisión preventiva el 9 de julio en la cárcel Santiago 1, Mejía fue liberado apenas un día después debido a un error administrativo en el tribunal y Gendarmería, lo que generó una fuerte crisis en el sistema judicial. Desde entonces, se mantuvo prófugo durante más de un mes, logrando salir del país por la frontera norte. La liberación incluso derivó en sanciones a una jueza y a una funcionaria judicial por su responsabilidad en la confusión.
El homicidio de Reyes, un prestamista informal que operaba en el concurrido barrio comercial Meiggs, habría sido planificado por un empresario chileno, Wilson del Carmen Verdugo, dueño de restaurantes y carnicerías en Santiago, quien mantenía una millonaria deuda con la víctima. Según la investigación, tres ciudadanos venezolanos participaron directamente en el ataque: Mejía, Yonder Emilio Blanco y Neomar Arismendi Duarte.
Ahora, la Fiscalía Nacional confirmó que la detención se concretó gracias a una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar a personas buscadas por la justicia. Sin embargo, el arresto no significa una extradición inmediata. Chile deberá iniciar el trámite formal dentro de un plazo de cinco días desde que la Cancillería reciba la notificación oficial, presentando la solicitud ante los tribunales competentes.
De esta forma, el caso del “Rey de Meiggs” suma un nuevo capítulo en medio de la presión pública y política por esclarecer las responsabilidades en el crimen y corregir los errores que permitieron la fuga del principal imputado.
