Un lapidario informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves deficiencias de control por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante la ejecución del Censo de Población y Vivienda. El Informe N°194-2025 acreditó que el organismo contrató a 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. De ellas, seis presentaron certificados con condenas que no fueron validados ante el Registro Civil, mientras que en los otros diez casos ni siquiera se les requirió el documento. A esto se suma la contratación de 14 extranjeros no habilitados para trabajar, entre los cuales figuraban cinco personas con residencias revocadas e incluso un ciudadano que mantenía una orden pendiente de expulsión administrativa del país.
La auditoría también expuso un descontrol administrativo en materia laboral y educacional. El INE no logró acreditar que más de 130 coordinadores de local y gestores contaran con los antecedentes escolares mínimos exigidos para sus cargos. Asimismo, el ente regulador detectó que el servicio pagó un total de $166.356.508 a 515 censistas sin poder demostrar que estos hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas. Paralelamente, se descubrió a 267 personas que trabajaron para el Censo estando simultáneamente contratadas por otras instituciones públicas entre marzo y junio de 2024, omitiendo esta incompatibilidad en sus declaraciones juradas simples, situación que obligó a la Contraloría a remitir los antecedentes al Ministerio Público.
En el ámbito financiero e inmobiliario, las irregularidades escalaron a millonarias pérdidas para el Fisco. El informe arrojó que el INE suscribió 77 contratos de arriendo para oficinas a nivel nacional sin fundamentos técnicos; de hecho, cinco de estos contratos se extendieron por 12 meses pese a que el proceso censal duró solo cinco, generando un gasto injustificado de $49.430.231. Además, el 1 de mayo de 2024, la institución desembolsó $134.243.088 para el traslado de funcionarios y censistas en un día donde no se realizaron labores en terreno. A todo lo anterior se suma que el INE no aplicó multas por $131.972.500 a las empresas externas encargadas del reclutamiento que fallaron en los filtros de selección.
Finalmente, la CGR fiscalizó el destino de la infraestructura tecnológica adquirida para el proceso, constatando que el INE no planificó el uso posterior de 4.588 computadores y 37.529 smartphones, los cuales quedaron arrumbados en bodegas. Ante el cúmulo de anomalías, la Contraloría ordenó al INE la instrucción inmediata de un sumario administrativo para determinar responsabilidades políticas y técnicas, formulando además un reparo financiero directo por $315.645.819. Adicionalmente, el órgano contralor otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para dar un destino útil a los miles de equipos tecnológicos que aún permanecen almacenados.