El Senado discutirá este martes, como tercer punto de la tabla de la sesión, el proyecto de ley conocido públicamente como “Ley Mordaza 2.0” o proyecto antifiltraciones, iniciativa que busca fortalecer la protección de determinados antecedentes de procesos penales y sancionar la divulgación de información correspondiente a investigaciones sujetas a secreto o reserva.
La moción fue presentada en abril de 2025 por los senadores Pedro Araya (PPD), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alfonso de Urresti (PS) y la entonces senadora Luz Ebensperger (UDI), y será sometida a discusión general en la Cámara Alta.
¿Qué propone el proyecto?
Según sus autores, la iniciativa tiene por objeto reforzar la protección de investigaciones penales en curso, sancionando la divulgación de antecedentes amparados por el secreto con el fin de resguardar el éxito de las diligencias investigativas y los derechos de las personas involucradas.
Entre las modificaciones propuestas, el proyecto establece que:
“El que de cualquier modo entregue, informe, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”
La norma agrega que dicha sanción se extenderá no solo a los funcionarios que participen en la investigación, sino también a:
“…todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando ésta.”
Precisamente esta redacción es la que ha originado la mayor parte de los cuestionamientos formulados durante la tramitación del proyecto.
Cuestionamientos por libertad de prensa
El Colegio de Periodistas de Chile, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), ANATEL y diversos abogados constitucionalistas han manifestado su rechazo a la iniciativa, sosteniendo que la amplitud de expresiones como “todo aquel que” podría permitir que las sanciones alcancen también a periodistas, medios de comunicación y sus fuentes cuando publiquen antecedentes de investigaciones de interés público.
A juicio de estas organizaciones, ello podría generar un efecto inhibitorio sobre el periodismo de investigación y limitar la difusión de información relevante para la ciudadanía, especialmente en causas relacionadas con corrupción, crimen organizado, delitos económicos y otras investigaciones de alto interés público.
En una declaración difundida este martes, el Colegio de Periodistas afirmó que la iniciativa vulnera la libertad de informar garantizada por el artículo 19 N°12 de la Constitución y por tratados internacionales suscritos por Chile, calificándola como una forma de censura indirecta.
La entidad hizo un llamado a los senadores a rechazar el proyecto, señalando que su aprobación representaría “un retroceso histórico para la democracia chilena”.
Debate constitucional
Durante la discusión legislativa también han intervenido especialistas como los abogados constitucionalistas Marisol Peña, Javier Couso y Francisco Cox, quienes han advertido que el proyecto podría entrar en tensión con la libertad de emitir opinión e informar, además de los estándares establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra que el uso de conceptos amplios y abiertos en la redacción podría generar incertidumbre respecto de su aplicación práctica y producir un efecto de autocensura en la cobertura periodística de investigaciones penales.
Votación en el Senado
El proyecto figura como tercer punto del Orden del Día de la sesión ordinaria del Senado de este martes y será sometido a discusión general.
En caso de aprobarse la idea de legislar, continuará su tramitación parlamentaria con la discusión en particular de su articulado, instancia en la que podrían introducirse modificaciones al texto actualmente propuesto.