Proyecto de ley busca aumentar multas por daño ambiental en el mar, ríos o lagos

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Con la intención de proteger la salud de la población, así como la flora y la fauna marina y del borde costero, y darle más atribuciones fiscalizadoras a Sernapesca es que la diputada Marcela Hernando presentó una moción parlamentaria que modifica la Ley 18.892 sobre Pesca y Acuicultura para aumentar hasta en 10 veces más el actual gravamen para empresas que viertan hidrocarburos y otros químicos dañinos en el entorno medio ambiental.

Impacto

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“En nuestro país desde hace años hay un aumento de las recaladas en los puertos, lo que aumenta el riesgo de accidentes de daño al medioambiente, tal como sucedió en mejillones el año 2009 y en Antofagasta el 2005, que son puertos que están en los primeros lugares de tráfico marítimo en Chile. Creemos que la legislación actual no está acorde con lo que hoy sucede en nuestras costas”, argumentó la parlamentaria radical sobre la pertinencia del proyecto, recordando que estos hechos damnifican además a un sinnúmero de personas que se dedican a la pesca o al turismo, además de actividades deportivas.

Multas

Hernando explicó que ninguna multa puede devolver el equilibrio marino que existe antes de un derrame, pero que en un monto adecuado puede servir como una advertencia económica para que los actores fundamentales puedan elevar sus estándares de seguridad, considerando además que los daños causados son más cuantiosos que los montos indemnizatorios que exige la ley. “La actual legislación considera una multa de entre 50 y 3.000 UTM a quienes producen estos hechos. Con este proyecto las multas partirían desde las 200 a las 10.000 UTM”, señaló.

En Chile recalan alrededor de 20 mil naves, con bandera chilena o extranjera, cada año. Antofagasta, Mejillones, San Antonio y Valparaíso concentran cerca del 20% de ese total.

Pena y reparación

La moción parlamentaria explica además que en el caso de producir un derrame en forma intencional se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo, lo que considera de 61 a 540 días de cárcel. El proyecto propone además que en caso de que los responsables directos del daño ejecuten medidas destinadas a la reparación del miso, certificándose la recuperación del espacio afectado, el tribunal rebajará la multa hasta en un cincuenta por ciento, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponda.