Iniciativa fue presentada por el Senador José Antonio Gomez.
En tramitación se encuentra el Proyecto de Ley que busca someter a los establecimientos e instituciones educacionales del país con financiamiento mixto a la transparencia activa, de modo de obligarlos a poner a disposición de la comunidad la información del origen y destino de los aportes que reciben del Estado.
La iniciativa, propuesta por el senador por Antofagasta, José Antonio Gómez, plantea que los sostenedores y universidades deberán mantener a disposición permanente del público, de forma física o a través de sus sitios electrónicos, las contrataciones, transferencias de fondos, las declaraciones de intereses y patrimonio de los sostenedores, directores y socios, además de los balances financieros auditados, entre otros ítems.
El parlamentario por la Región de Antofagasta, justificó el Proyecto ya que “los establecimientos educacionales gozan de gran autonomía para operar una vez que consiguen el reconocimiento del Estado. Sin embargo, esta libertad no puede significar irresponsabilidad de sus directivos, ni la imposibilidad de los contribuyentes para evaluar la conducción de estos establecimientos que finalmente son financiadas, en su mayor parte, por todos los chilenos”.
Gómez insistió en extender el deber de transparencia en los establecimientos e instituciones educacionales que reciban financiamiento estatal por cualquier mecanismo, cuya trascendencia para el devenir cultural y social del país, en algunos casos, puede llegar a equipararse con todas las instituciones públicas que están sometidas a la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
Además el proyecto de ley establece que no podrán entregarse nuevos reconocimientos oficiales del Estado, a ningún establecimiento educacional escolar ni superior hasta que no entren en pleno funcionamiento la Superintendencia y la Agencia de Calidad de la Educación. Esto, según el parlamentario radical, debido a que “es inaceptable que se sigan abriendo colegios o universidades de dudosa calidad sin que estén operativos los organismos fiscalizadores que regulen a los ya existentes”.
Sin embargo, Gómez agregó que esta medida no incluye a los establecimientos parvularios debido a que es urgente que se aumente la cobertura en el nivel preescolar, para lo cual el Estado debería retomar los esfuerzos que se vieron en años anteriores.