Según publicó Biobio, amnistía Internacional dio a conocer un nuevo informe por la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, a propósito del primer aniversario del denominado Estallido Social que comenzó el 18 de octubre de 2019.
“Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social“, lleva por nombre el documento en el que la organización que defiende los Derechos Humanos (DD.HH) pide que se investigue penalmente al Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en las vulneraciones detectadas.
“La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado estallido social”, señala el informe.
En la investigación se concluye que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 “se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirla”.
“Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Además, Guevara indicó a La Radio que no se deben descartar investigaciones administrativas en el ámbito político o incluso penal, hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo, para aclarar si hubo personas que pudiendo detener las vulneraciones no lo hicieron.
La organización indica que luego del 30 de noviembre se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial, al menos, hasta mediados de marzo de 2020 cuando las protestas cesaron por la pandemia.
En esa línea, se menciona que la situación se volvió a repetir durante las últimas semanas, ejemplificando con el caso del joven que el 2 de octubre cayó desde el Puente Pío Nono presuntamente empujado por un carabinero, quien fue formalizado por el delito de homicidio frustrado.
“La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, añade la indagatoria.
Ante esto, la institución indica que se hace evidente la necesidad de reformar estructuralmente la institución policial en nuestro país, con mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas.
Gobierno acusa sesgo
Consultado por el mencionado informe de Amnistía, el ministro del Interior, Víctor Pérez, confesó no haberlo leído, aunque deslizó que -a priori- las conclusiones que conoció le parecen sesgadas.
“Creo que hay un sesgo importante y hay una serie de afirmaciones que creo que creo que no tienen ningún fundamento. Pero cuando lo conozcamos en su integridad vamos a dar a conocer nuestra postura y nuestra posición”, indicó la autoridad.
