Lo que comenzó en enero como una huelga legal de cinco días de 560 trabajadores de Finning en Antofagasta no terminó con el acuerdo que permitió retomar las operaciones. Ocho meses después, el conflicto continúa en tribunales y ahora tiene en disputa más de $774 millones.
La compañía busca que el Sindicato Nacional N°2, cinco de sus dirigentes y el abogado que los asesoró respondan por los perjuicios que atribuye a los bloqueos registrados durante la movilización, mientras la defensa cuestiona tanto la vía civil escogida como la responsabilidad que se intenta atribuir a cada uno de los demandados.
La acción judicial fue presentada en junio ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta y busca obtener una indemnización por los perjuicios económicos que la compañía atribuye a los bloqueos registrados durante la paralización, según antecedentes publicados originalmente por Diario Financiero y posteriormente recogidos por distintos medios.
La demanda está dirigida contra el Sindicato Nacional N°2 y los dirigentes Germán Barahona, Alejandra Espinoza, Hugo Escobar, Víctor Daza y Lucio Chamaca, además del abogado Rodrigo Sandoval, quien asesoró a los trabajadores durante el conflicto.
Una huelga legal que impactó la Ruta de la Minería
El conflicto se remonta al 20 de enero de 2026, cuando los trabajadores iniciaron una huelga legal luego del fracaso de la negociación colectiva y de las instancias previas de mediación.
La paralización tuvo importantes repercusiones en Antofagasta. Además de detener las operaciones del Centro Logístico de Finning en el sector La Negra, durante esos días se registraron bloqueos parciales e intermitentes en la Ruta de la Minería, principal conexión terrestre hacia faenas como Escondida y Zaldívar.
La Dirección del Trabajo confirmó posteriormente que la huelga involucró a 560 trabajadores y se prolongó durante cinco días. El conflicto terminó a las 23:00 horas del sábado 24 de enero, luego de una mediación voluntaria desarrollada durante once horas en dependencias de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta. El acuerdo dio origen a un nuevo contrato colectivo con una vigencia de tres años.
Durante la movilización, Diario Antofagasta informó sobre largas filas de buses y vehículos en la Ruta de la Minería e incluso trabajadores que debieron descender de los vehículos y continuar a pie ante las interrupciones existentes.
Escondida reconoció afectaciones durante el conflicto
Las consecuencias de la movilización fueron reconocidas públicamente durante enero por Escondida | BHP, que llamó a las autoridades y a las partes involucradas a destrabar el conflicto.
Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida, señaló entonces que la compañía llevaba cuatro días afectada por un conflicto de terceros y que los bloqueos habían generado intermitencias en el tránsito desde y hacia la faena y retrasos en los cambios de turno, afectando a miles de trabajadores.
Estos antecedentes son ahora parte del contexto de la acción indemnizatoria impulsada por Finning.
Finning reclama $774,7 millones
Según los antecedentes conocidos de la demanda, Finning atribuye a los hechos ocurridos durante la paralización perjuicios económicos por un total de $774,7 millones, además de los reajustes e intereses que correspondan.
La compañía desglosa la cifra en cuatro conceptos:
- $336,8 millones asociados a costos derivados de contratos con Escondida.
- $97,6 millones por gastos extraordinarios.
- $300,3 millones por pérdida de productividad.
- $40 millones por concepto de daño reputacional.
Finning sostiene que los bloqueos en los accesos a sus instalaciones de La Negra y en la Ruta de la Minería afectaron la continuidad de los servicios comprometidos con clientes del sector minero. Estos perjuicios y su eventual responsabilidad deberán ser acreditados durante la tramitación judicial.
Defensa cuestiona que el caso se tramite en la justicia civil
La defensa de los demandados, en tanto, ha cuestionado la vía escogida por Finning para perseguir las compensaciones.
Su planteamiento sostiene que los hechos se produjeron en el contexto de una negociación colectiva y una huelga legal, por lo que correspondería que la controversia fuera conocida por la justicia laboral y no por un tribunal civil.
Asimismo, la defensa solicitó que la compañía precise qué conducta específica atribuye a cada uno de los demandados y de qué forma esa actuación habría generado los perjuicios económicos reclamados.
Será el tribunal el encargado de resolver estos planteamientos y determinar posteriormente si concurren las responsabilidades y perjuicios alegados.
Conflicto también tiene una arista penal
La demanda civil no es la única acción judicial derivada de los acontecimientos ocurridos durante la huelga.
Finning había presentado en enero una querella relacionada con los bloqueos de caminos, invocando disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado. De acuerdo con los antecedentes publicados sobre el caso, dicha causa continúa en tramitación ante el Ministerio Público.
De esta manera, ocho meses después de una movilización que puso en tensión una de las principales rutas de acceso a las faenas mineras de Antofagasta, el conflicto entre Finning y el Sindicato Nacional N°2 continúa ahora en sede judicial, tanto por la vía civil como penal.
La demanda por $774,7 millones deberá continuar su tramitación ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta, instancia que deberá determinar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas por la empresa.