¿Qué sistema de salud necesita la región de Antofagasta?

Para fortalecer el sistema público de salud, el presupuesto fiscal no se debe ir a los bolsillos de los privados, mientras estos además le sacan un ojo de la cara a las familias, obligando en algunos casos a vender o a rifar las casas, teniendo que elegir entre salud o techo estable en los casos más graves. La salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

La región de Antofagasta es la muestra viva del saqueo empresarial.  Es el epicentro de la actividad minera, concentrada en el cobre, que representa cerca del 15% del PIB nacional, ( https://www.bbc.com/mundo/noticias-56247275 ) y a pesar de la pandemia ha tenido inmensas ganancias.https://www.diarioantofagasta.cl/regional/145970/minera-escondida-obtuvo-ganancias-por-us-1-938-millones-durante-primer-semestre-2021/ ). 

El gran nicho económico que significa la actividad minera en la región y sus ganancias, contrastan con la realidad que vive la población en la región, donde en el 2020 la pobreza se duplicó en relación al año anterior llegando a 64.810 personas. A esto se suman los grandes problemas estructurales en torno a derechos básicos como educación, vivienda y salud, problemas nacionales debido a la constante precarización y privatización. El sistema de salud,  está en la palestra producto de la pandemia por COVID-19, que permite visibilizar a una escala mayor las consecuencia de un modelo de salud neoliberal.

 El gasto de los bolsillos de cada familia en salud es de un 34%, mientras que el promedio en los países de la OCDE es de un 21%, en esta misma comparación la cantidad de camas de hospitalizados cada 1000 habitantes es de 2.1 (versus 4.7), contando con 2,5 médicos por cada 1000 habitantes (versus 3,5), y en cuanto a enfermería esta diferencia es mucho mayor, siendo en Chile 2,7 por cada 1000 habitantes en comparación con los 8,8 que tienen los países de la OCDE. El déficit es inmenso.

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Estas cifras significan en la realidad que la comunidad no recibe una atención adecuada a sus necesidades, y esto se ve claramente en las listas de espera para atenciones por especialistas o procedimientos quirúrgicos, las que se han extendido aún más con la pandemia. Mientras que para los funcionarios de la salud es mayor sobrecarga y agobio laboral, incluso teniendo que sufrir la inestabilidad laboral con constantes amenazas de despidos (como está sucediendo con los honorarios COVID) o la precariedad del subcontrato. De esta forma, tanto usuarios como trabajadores de la salud tienen que pagar los precios de la crisis del sistema de salud.

El mismo que han mantenido los gobiernos y políticos de los últimos 30 años, tanto de la derecha como de la ex Concertación, y que en la región de Antofagasta se expresa en forma brutal. Una región llena de recursos y riquezas, pero con un sistema de salud que no permite cubrir integralmente las necesidades de la población. Mientras las mineras se llenan sus bolsillos con el saqueo de los recursos naturales e incluso algunos se hacen millonarios con la salud, con grandes traspasos de recursos fiscales.

El presupuesto de salud debe crecer, pero además estos recursos no deben ser traspasados a los privados a través de subsidios o compras de prestaciones, sino enfocarnos en fortalecer el sistema público. El actual sistema dual de salud que propicia el desfinanciamiento y la crisis en el sistema público para luego decir que es ineficiente y privatizar aún más, no favorece a unas pobres pymes indefensas y menos a los usuarios. 

Sino que traspasa y se contrae una deuda pública millonaria con cinco conglomerados empresariales que tienen gran peso en el mundo financiero (AFP), inmobiliario (Cámara Chilena de la Construcción), entre otros como la agroindustria y minería. 

Para fortalecer el sistema público de salud, el presupuesto fiscal no se debe ir a los bolsillos de los privados, mientras estos además le sacan un ojo de la cara a las familias, obligando en algunos casos a vender o a rifar las casas, teniendo que elegir entre salud o techo estable en los casos más graves. La salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Así terminamos con las empresas “express” que tuvieron contratos por $6.258.884.981 millones o la misma concesionaria del Hospital Regional que el 2020 tuvo ganancias de casi $4 mil millones.

Justamente contra este sistema de injusticias es que miles nos movilizamos durante el estallido, porque creemos que otro sistema de salud es posible, donde deje de ser un negocio.

Es por eso que proponemos avanzar hacia un sistema de nacional de salud único, que estatice la salud privada y de FF.AA, sin concesiones hospitalarias, con cobertura universal e integral, que permita acceso oportuno, sin formas de trabajo precario o inestable, y que sea gestionado en forma democrática por sus trabajadores y la comunidad. Para que un sistema de estas características sea posible hay que nacionalizar los recursos naturales como el cobre bajo control de los trabajadores y comunidades, para de esta forma financiar nuestros derechos básicos.