El día jueves 10 de diciembre, el Tribunal Constitucional echó por tierra la gratuidad para 200 mil estudiantes para el año 2016, bajo el pretexto de que si bien el mecanismo podía darse a través de una glosa presupuestaria, era “discriminatorio” por la diferenciación en base a las instituciones.
Sin duda representa un cuestionamiento a la calidad de nuestra democracia el hecho que un aparato resguarde el legado de una dictadura, mientras un gobierno con mayoría en ambas cámaras ve torpedeado su programa de gobierno en una medida emblemática, que asegura el derecho a la educación y responde a la voluntad popular.
Por una parte, tenemos a una derecha hipócrita que previo a la instalación de la gratuidad como parte importante de los ejes de este gobierno rechazó la medida, defendiendo el lucro y la concepción de la educación como bien de consumo, tal cual lo dijera el mismo Sebastián Piñera durante su mandato. Es decir, pasaron de la defensa del lucro y el negocio a la política de que el Estado siga subsidiando el mercado de la educación, entregando recursos para la gratuidad a instituciones que nunca estuvieron de acuerdo con la medida, y que sólo acusaron discriminación utilizando a los estudiantes de bajos recursos de acuerdo a sus intereses, mientras se embarcaron en una campaña espuria contra la reforma educacional.
Asimismo, sectores dentro de la Nueva Mayoría, particularmente nostálgicos de la Concertación y la política de los consensos, criticaron duramente el método escogido para iniciar la gratuidad. Por ejemplo, el senador Ignacio Walker, ícono de la oposición interna al interior del conglomerado oficialista, se aprovechó del pánico y afirmando que siempre tuvo razón, expresó que había propuesto “becas completas” como vía para llegar a la gratuidad.
Quienes fuimos parte del movimiento estudiantil comprendemos muy bien que gratuidad y becas no son lo mismo, porque el último mecanismo sigue siendo un financiamiento a la demanda vía postulación, que además no representa nada nuevo porque actualmente existe un sistema de becas que funciona a través de diversos criterios.
Mención deshonrosa por cierto para el movimiento estudiantil universitario, principalmente a la CONFECH, por haber tomado palco del proceso, sin acumulación de fuerzas ni movilización, ni tampoco demostrando interés en presentarse en el TC para defender a 200 mil estudiantes que el próximo año pudieron estudiar sin que la variable socioeconómica representara una condicionante para el acceso y permanencia. Por cierto es legítimo que haya diferencias con el gobierno desde un sentido ideológico y en la táctica para llevar adelante las reformas, pero desde un punto de vista ético es insólito que no vean como un avance que 200 mil estudiantes el próximo año estudien gratis, y no tomen partido sólo porque se vería que estarían apoyando al gobierno. Sin duda el infantilismo prima actualmente en las dirigencias estudiantiles.
La principal lección que nos dejó el 2011 fue que la disociación de lo social y lo político es una política funcional a la derecha (gremialismo y corporativismo), y que para lograr los cambios se necesita generar una acumulación y correlación de fuerzas favorable tanto en el mundo social como en la institucionalidad política, y así fue como dirigentes estudiantiles y fuerzas políticas comprendieron que debían conjugar lucha social y política, y para darle continuidad a las demandas del movimiento estudiantil fue que disputaron el Congreso y fueron electos diputados, pudiendo incidir en la política del actual gobierno que recoge parte importante de las demandas históricas del movimiento estudiantil.
Hasta el momento los dirigentes del denominado “bloque de conducción” del CONFECH no han tenido la capacidad de lograr la unidad ni el nivel de convocatoria para volver a impulsar con fuerza los planteamientos históricos del movimiento, demostrando la falta de visión estratégica y la táctica para ir avanzando en la concreción de su pliego.
De todos modos, aún no está dicha la última palabra, aún hay tiempo de enmendar el camino y ver cómo puede ser repuesta la gratuidad y los avances que puede haber con el proyecto de reforma a la educación superior.
Pero hay que tener presente que la lucha por el derecho a la educación y la construcción de un sistema nacional de educación pública pasa por el cambio de la actual Constitución Política, porque ante cualquier transformación estructural el Tribunal Constitucional responderá de la misma forma que en esta coyuntura. Es hora de recuperar la impronta del 2011 y visualizar un proceso de cambio continuo y dejar atrás los egos y el inmovilismo que nos llevó a este escenario de retroceso.
