En el V Congreso Nacional de Derecho de Familia, realizado en Valparaíso, la profesora Alejandra Illanes, reconocida académica en el ámbito de familia, señala en su ponencia que “El Estado es responsable del daño que causa a los niños, niñas y adolescentes y como tal debe indemnizarlos”; este comentario surge a propósito de las lamentables y dolorosas muertes de niños y niñas en sistemas de residencias pertenecientes al Servicio Nacional de Menores.
Continúa la profesora señalando de manera categórica que el SENAME no puede desligarse de su responsabilidad y traspasarla solamente a dichas entidades colaboradoras ( residencias, casas de acogida, programas de intervención, etc.) , ya que el Estado chileno mandató expresamente al SENAME la ejecución de sus políticas de infancia, considerando aún más que desde 1990 Chile se comprometió internacionalmente a través de la Convención de los Derechos de los Niños a otorgar el mayor y mejor atención y recursos en materia de infancia, hecho en la práctica no ha ocurrido, da cuenta de ello las dolorosas muertes y falta de reinserción de miles de niños, niñas y adolescentes; siguiendo por ende a la profesora señalada comparto que existe en estos casos una responsabilidad civil extracontractual, que obliga al Estado a indemnizar a esas familias.
Pero mi reflexión se extiende un poco más allá ¿Qué pasa por ejemplo con las largas listas de espera de los programas que trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, sean PPF, PRM, etc.?, ¿Qué pasa con ese niño violado, abusado, maltratado y/u abandonado , incluso en situación de calle , que debe ingresar a una lista de espera de 6 a 8 meses para reparar su daño?, ¿Podríamos acreditar que esa extensión en el tiempo genera un daño adicional al ya sufrido de manera directa?, desde la psicología no puedo dar una respuesta tajante por no ser mi área, pero si puedo presumir que esa larga y extensa espera por ayuda y reparación profundiza más el daño, expone a los niños y niñas a nuevas vulneraciones, y hace al Estado igualmente responsable, por tanto, cabría una responsabilidad también extracontractual, debiendo el Estado indemnizar a todas aquellas familias cuyos hijos han sufrido graves vulneraciones y siguen esperando que “corra la lista”.
El problema, es aún mayor ¿cuánto dinero tendría que invertir el Estado chileno en esas indemnizaciones por falta de servicio?, ¿de dónde emanarían dichos dineros?; la pregunta queda abierta, y la casuística nos irá dando la respuesta.
A mi parecer, sería mas inteligente por parte de los políticos invertir esos dineros en prevención más que en indemnización, pero como los niños, niñas y adolescentes no votan, pueden seguir esperando en la fila, y por lo demás estamos en Chile: ¿para qué hacer las cosas bien, si se pueden hacer mal?, o como dijo un político por ahí “a la medida de lo posible”.
Isabella Bravo Pérez
Abogada
Derecho de familia, infancia y adolescencia
Correo: ibravo.abogada@gmail.com
