Hace tres años iniciamos el camino para un hito en la libertad de expresión digital en Antofagasta. Logramos que la Contraloría General de la República se pronunciara contra la censura digital a decenas de personas por parte de una autoridad en la región.
El pronunciamiento del ente fiscalizador, estableció que las redes sociales de políticos y autoridades, cuando difunden información oficial, deben seguir las reglas de acceso público y por lo tanto no pueden bloquear usuarios. Lo anterior, de ningún modo supone que las personas puedan tratar en términos inapropiados o insultantes a las autoridades.
Es más, la decisión sentó un precedente clave en la defensa de la libertad de expresión digital en Chile, ya que posteriormente, en octubre de 2024, la Contraloría emitió un instructivo para el uso de redes sociales en las instituciones públicas, donde señala que “ninguna autoridad, funcionario o servidor, se encuentra autorizado para entregar información obtenida en el ejercicio de su cargo a través de redes sociales, de forma previa a que aquella se publique por el propio servicio ni tampoco para difundirla únicamente a través de su cuenta privada, toda vez que ello no se aviene con el principio de probidad administrativa”.
Además establece que “no corresponde que se incorpore en las cuentas institucionales la imagen de la autoridad edilicia como práctica reiterada para la difusión de las actividades municipales, puesto que ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal”.
Sobre la limitación de los comentarios, señala que se pueden utilizar en redes sociales herramientas como la restricción de comentarios o filtro de palabras, siempre y cuando no se vulneren los principios constitucionales y legales de los ciudadanos que desean comentar, como, por ejemplo, los de igualdad y de no discriminación.
Cabe destacar que estos principios aplican para organismos y servicios del Estado fiscalizados por la Contraloría, como los ministerios, las municipalidades, escuelas, universidades, las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y empresas estatales como Codelco o Metro. Escapa a las atribuciones de la Contraloría fiscalizar a parlamentarios o entes privados.
Desde Diario Antofagasta seguiremos defendiendo el derecho de los ciudadanos a informarse y expresarse libremente mientras sea en un marco de respeto, fiscalizando a quienes intenten restringir el acceso a información de interés público.