Autoridades Nacionales proponen concesionar Litio del Salar de Atacama por otros 27 años

Gobierno prepara concesión del litio del salar de Atacama a Rockwood Litio. Se trata de un pre-acuerdo que requiere debate regional por la importancia estratégica de este mineral para el futuro. Mediante éste, en tiempo récord, se entregarían las reservas de litio a la empresa norteamericana por otros 27 años, la cual podría duplicar su actual producción para exportar las mismas materias primas que se procesan industrialmente fuera del país.

foto-4Por Dr. Jan Cademartori. Doctor en Desarrollo Económico, UC Lovaina, Bélgica.

Se acaba de anunciar, el  2 de Febrero de 2016,    un  memorándum de entendimiento   entre el Gobierno de Chile y la empresa   Rockwood Litio Limitada (RLL) que explota el Litio del Salar de Atacama.  Para evaluar la  importancia de este acuerdo,  hay que recordar que el Salar de Atacama concentra grandes  reservas de litio del planeta, solo comparables con las que posee el norte de  Argentina y Bolivia. Las reservas chilenas son actualmente explotadas en el Salar  por únicamente dos empresas: SQM (Ex Soquimich) de capitales nacionales y extranjeros, y RLL,  de capitales estadounidenses.

Según los firmantes, este acuerdo debió haber sido  ratificado por las partes,  el 30 de Marzo del presente, es decir, sin mucho debate, lo cual podría ser inconstitucional. A nuestro juicio,  una concesión de esta naturaleza y  por 27 años, requiere al menos    un Decreto Supremo que debe llevar la firma de la Presidenta de la República. Se trata de  un mineral  con un régimen especial (Informe Comisión de Expertos del Litio, pp.10, que cita el  Artículo 19 N°24 Constitución Política y el  Artículo 8 Código de Minería). Incluso este tema cabría en una  Asamblea Constituyente,  como mínimo una Ley que indique cuando y como conviene licitar  estas reservas estratégicas.  En lugar de aquello, el memorándum de  acuerdo firmado entre RLL y CORFO,   sostiene que los documentos e informaciones que lo administren a futuro, serán confidenciales, lo cual sustrae a la opinión pública del necesario control ciudadano.

En este acuerdo existen algunos avances para el interés de la Región. Las ventas de RLL quedarían  afectas por primera vez  a  un royalty (SQM). Por otro lado  la empresa debe  invertir en desarrollo científico, en coordinación con las universidades regionales;  aparentemente, también debe  reservar una parte no especificada de la producción para agregar valor; debería haber una especial preocupación por el  medio ambiente. En particular, habría acuerdo con algunos representantes atacameños para una planta de energía solar.    Hay sin embargo importantes aspectos críticos que debieran aclararse.

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Sin embargo,   permite  ampliar  la producción anual  de  las mismas materias primas que actualmente produce la empresa, en un monto superior a dos veces la producción anual actual. Su procesamiento industrial es básico en relación a las oportunidades perdidas al transformarlos en productos manufacturados.

Dado que la empresa  Rodwoock, todavía tiene pendiente dos tercios de la producción que por concesión puede  explotar, prolongar ese modelo de negocios por otros 27 años parece prematuro,  excesivo e innecesario, porque compromete en el largo plazo,  al Estado y al desarrollo de la Región de Antofagasta.  No   hay que olvidar que la renta del litio que se explota en el Salar es muy elevada porque Chile posee las mejores reservas del mundo en lo referente a los costos de producción. Sin embargo, son los primeros años de explotación los que dejan grandes utilidades pues el costo de producción va aumentando con el agotamiento de las reservas más fáciles de explotar. ¿Será rentable aprovechar  el litio después de 26 años de agotamiento?

Más bien, el acuerdo parece inspirado en uno de los objetivos declarados, el de  mantener la actual participación de mercado en el largo plazo, que implica “mantener  el liderazgo de Chile en el mercado mundial”, liderazgo que debería ser en valor agregado nacional y no en mera producción. Es decir, se trata de competir con otros países, incluyendo a Argentina y Bolivia

En Argentina, el liderazgo se ha entendido de modo diferente. La empresa estatal  de Energía y Minería YPF, formó ITEC, una nueva firma destinada a producir insumos y bienes que agreguen valor al litio y al sector de acumulación de energía. En esta empresa, participa CONYCIT argentina, el centro estatal de Investigación Científica. Como parte de este esfuerzo se está trabajando,  en crear una empresa de insumos para baterías en la norteña ciudad de Jujuy, la cual abastecería a las PYMES que producen baterías en Tierra del Fuego.  En esta iniciativa participa la Universidad estatal de esta provincia argentina.

Por otro lado, Rockwood se compromete a aportar 2 millones de dólares anuales para investigación y desarrollo científico para agregar valor el litio. Este es un anuncio positivo si en esta tarea  participan  las Universidades regionales. Sin embargo, el texto,  parece dejar espacio para  que estos fondos se destinen a mejorar la productividad de los mismos bienes que actualmente se ofrecen, es decir a bajar costos, lo cual, en realidad no haría más que aumentar la tasa de ganancia privada de la empresa, con fondos públicos.

Es más, en el punto 4 del acuerdo se compromete a ambas partes, es decir al Estado de Chile también, “a realizar sus mayores esfuerzos para la construcción de una planta de Hidróxido de Litio”, producto que no representa ningún avance para agregar valor a las  actuales exportaciones chilenas de litio.

Aparentemente,  el acuerdo obligaría  a la empresa a vender una parte no especificada  de su producción al Estado de Chile o a empresas chilenas,  para  agregar valor.  Sin embargo, la redacción confusa del texto no permite asegurar  este punto ya que se afirma vagamente  “Rodwoock proporcionará el precio de mercado más bajo de paridad de exportación para promover el establecimiento de productores especializados de alto valor agregado, incluyendo entre otros, la producción de baterías de litio”.

En el caso de la provincia de Jujuy, para asegurar parte de la producción, las autoridades provinciales obligaron a la empresa extranjera que explota el Litio, a venderle un porcentaje para que Argentina pudiera agregarle valor. Ello sin perjuicio de cobrar un royalty y de exigir parte de la propiedad de la empresa, lo suficiente para tener un asiento en el Directorio de la empresa.

En lo tributario, también es de lamentar que el royalty propuesto no incentiva tributariamente a industrializar el producto cobrando un mayor impuesto cuando el valor agregado es menor. Se acuerda que en adelanto al pago de royalty que deberá cancelarse a futuro, la empresa   destine 2 millones de dólares para estudio ambientales, sin perjuicio que la empresa deba seguir gastando lo necesario a futuro para cumplir con los estándares ambientales. En este sentido,  hay un avance positivo.

Sin embargo, habría sido conveniente antes de firmar cualquier acuerdo,  evaluar la sustentabilidad hídrica de la explotación de litio en el Salar de Atacama. Actualmente, no existe un control del agotamiento del agua,  porque el monitoreo lo hacen las propias empresas, sin coordinación entre ellas,  sin fiscalización del Estado ni participación de los pueblos originarios. Por este motivo, previo a cualquier contrato de explotación, probablemente se requiere un Estudio de Impacto Ambiental y una consulta a los pueblos originarios como lo establecen los acuerdos firmados por Chile en la OIT.

Finalmente, el acuerdo compromete la creación de una Planta de Energía Solar de propiedad cooperativa de los habitantes originarios   del Salar de Atacama que reclaman históricamente estos territorios.  No obstante lo anterior, no se aclara de que magnitud sería la planta, cuáles serían las características del contrato de provisión. Es de esperar que esta interesante iniciativa,  no quede  como  una acción simbólica. Sobre todo, considerando la necesidad de cuidar la unidad del pueblo atacameño. Diferentes estudios sugieren que la firma de acuerdos privados  entre empresas y comunidades  tienden a dividir a las comunidades,  generan desconfianzas,  terminan destruyendo el capital social, especialmente si hay recepción de recursos económicos.