La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó sus labores de control migratorio en la Región de Antofagasta, ejecutando operativos paralelos en las principales comunas para fortalecer la seguridad pública. En la ciudad de Calama, los detectives centraron sus esfuerzos en la inspección de locales nocturnos, donde se controló a un total de 73 personas. El procedimiento resultó en siete denuncias por infracciones graves a la Ley 21.325 y la notificación de expulsión administrativa para seis ciudadanos venezolanos y un colombiano, logrando además la captura de un sujeto que mantenía una orden vigente emanada del tribunal de Alto Hospicio.
En el marco de este mismo despliegue, detectives de Migraciones se coordinaron con Carabineros para realizar controles de identidad en la Ruta 1, vía estratégica hacia el sur de la región. En este punto, se fiscalizó a viajeros de diversas nacionalidades, cursando denuncias contra quienes no pudieron acreditar un ingreso legal al territorio nacional. La vigilancia carretera se ha vuelto un eje fundamental para detectar a quienes intentan evadir los controles fronterizos utilizando rutas secundarias para desplazarse entre las provincias de Antofagasta y El Loa.
Por su parte, en Tocopilla, la Sección de Migraciones actuó en base a antecedentes proporcionados por la propia comunidad. Esta acción permitió detectar a cuatro personas infringiendo la normativa migratoria y denunciar a un empleador chileno por contratar personal sin documentación legal. El hito más relevante en el puerto fue la detención de un ciudadano extranjero que realizaba labores remuneradas pese a mantener una orden administrativa de expulsión vigente, procediendo de inmediato a su custodia para dar cumplimiento a la ley.
Finalmente, desde la PDI señalaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia permanente para dar cumplimiento a la Ley de Migraciones y Extranjería. La combinación de inteligencia policial y el aporte de la información ciudadana ha permitido detectar no solo faltas administrativas, sino también riesgos potenciales al identificar a sujetos con deudas pendientes ante la justicia.