La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó la pena de 10 años y un día de presidio para la desaforada diputada Catalina Pérez. La parlamentaria enfrenta tres acusaciones de fraude al fisco por los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva.
La acusación, contenida en un escrito de 232 páginas según indicó el diario El Mostrador, señala que Pérez habría dirigido la operación que permitió la firma de convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —encabezada entonces por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade.
El Ministerio Público también solicitó la misma pena de 10 años para Contreras, Andrade y la exconcejal Paz Fuica, además de Multa de la mitad del perjuicio causado, Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, Pérdida de derechos políticos e Inhabilitación para ejercer en empresas que contraten con el Estado o participen en concesiones públicas.
Más involucrados y penas solicitadas
En el caso de Contreras y Fuica, la Fiscalía sumó otras aristas que podrían elevar las penas hasta 35 años de presidio entre ambos. En total, se anunció la presentación de 146 testigos y una decena de peritos durante el juicio.
El escrito también detalla irregularidades en convenios suscritos por otras fundaciones como Fibra, Fusupo y Tomarte, todos vinculados a la trama investigada.
Observaciones del tribunal
El Juzgado de Garantía de Antofagasta solicitó al fiscal Cristián Aguilar precisar con mayor claridad los delitos atribuidos a cada imputado. Según el tribunal, existen inconsistencias entre la descripción de hechos y el petitorio, lo que debe corregirse antes de avanzar hacia el juicio oral.
