Un duro emplazamiento realizaron la Seremi de Vivienda y Urbanismo junto al director regional del Serviu de Antofagasta al diputado Jaime Araya (Ind-PPD), luego de que este afirmara que en la región se estarían entregando viviendas sociales a personas que residen en el extranjero, a través de mandatos legales a terceros.
El parlamentario señaló que “lo que se está permitiendo es que una persona que obtuvo una vivienda social en Antofagasta desde el extranjero mande un poder para que se suscriba a la escritura. Cuántas familias de antofagastinos llevan años esperando, y resulta que quienes viven fuera de Chile se convierten en dueños de estas casas sociales”.
Las declaraciones se originaron tras la circulación de un audio de una persona no identificada que, supuestamente, entrega indicaciones sobre cómo otorgar un mandato a un tercero para representar a una beneficiaria de subsidio habitacional que estaría fuera del país.
Llamado a la responsabilidad
Ante ello, desde el Minvu y el Serviu aclararon que a la fecha no existe ninguna denuncia formal ni identificación de la supuesta funcionaria mencionada en el audio. En esa línea, llamaron al diputado Araya a “un manejo responsable de la información” y lo invitaron a entregar antecedentes concretos que permitan iniciar procedimientos administrativos.
“Los dichos del parlamentario son graves, pues afectan la dignidad de la función pública de quienes trabajan en el Serviu Antofagasta, ya que se presume la comisión de delitos como el robo de impuestos o la existencia de una red de corrupción, sin pruebas ni denuncias formales”, enfatizaron las autoridades regionales.
Procedimientos regulados
Desde la cartera de Vivienda recalcaron que los procesos de adjudicación de subsidios habitacionales están regulados por la ley y no responden a criterios arbitrarios de funcionarios o autoridades. Además, recordaron que la ciudadanía cuenta con canales formales para presentar denuncias, las que deben ser investigadas y eventualmente sancionadas en instancias administrativas, civiles o penales.
Finalmente, llamaron a la comunidad a informarse por medios oficiales y evitar la difusión de rumores que pueden generar desconfianza en instituciones públicas.