La investigación del caso ProCultura, una de las causas de mayor impacto político de los últimos años, atraviesa uno de sus momentos más complejos. En pocas semanas, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha acumulado una serie de derrotas judiciales que han debilitado significativamente una de sus principales líneas investigativas y que hoy mantienen bajo escrutinio la conducción del fiscal regional Juan Castro Bekios.
El episodio más reciente ocurrió cuando el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, poniendo fin a la investigación que buscaba establecer eventuales responsabilidades penales por la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.
Pero el fallo fue más allá del sobreseimiento.
El tribunal además condenó en costas tanto al Ministerio Público como al propio fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien deberá asumir personalmente dicho pago.
El sobreseimiento definitivo de Claudio Orrego
La resolución se produjo luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de forma unánime la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía contra el gobernador metropolitano.
Tras ese fallo, la defensa de Orrego solicitó el cierre definitivo de la causa, petición que fue acogida por el tribunal.
El abogado defensor, Ciro Colombara, sostuvo que la investigación no logró acreditar la existencia de delito y destacó que el tribunal acogió los planteamientos de la defensa.
“Finalmente, el gobernador Claudio Orrego fue sobreseído definitivamente por no ser los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta”, afirmó.
Costas personales para el fiscal regional
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decisión del tribunal de condenar en costas no solo al Ministerio Público como institución, sino también al propio fiscal regional de Antofagasta.
Tras conocerse la resolución, Colombara calificó la decisión como un duro reproche a la conducción de la investigación.
“Fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho en la conducción de la investigación”, afirmó el abogado.
Asimismo, agregó que “fue condenado en costas el Ministerio Público institucionalmente por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación”.
Si bien dichas expresiones corresponden a declaraciones de la defensa y no al contenido literal conocido de la resolución, reflejan la magnitud política y jurídica que ha adquirido este nuevo revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta.
Las escuchas telefónicas declaradas ilegales
El sobreseimiento de Orrego se produce apenas semanas después de otro duro golpe para la misma investigación.
Recientemente, la Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas a la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos, diligencias que habían sido impulsadas por la Fiscalía en el marco del caso ProCultura.
El máximo tribunal concluyó que las medidas ejecutadas no cumplían los estándares legales exigidos para una actuación de esa naturaleza y ordenó excluir la evidencia obtenida mediante dichas interceptaciones.
En una sentencia particularmente crítica, la Corte recordó que la ley exige altos estándares tanto para solicitar este tipo de medidas como para autorizarlas judicialmente.
“Las resoluciones impugnadas devienen en ilegales, así como la ejecución de las medidas decretadas, y no pueden servir de sustento para una persecución penal”, concluyó el fallo.
La decisión representó uno de los cuestionamientos más severos realizados por la Corte Suprema a una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en los últimos años.
El respaldo del Fiscal Nacional
Tras conocerse la resolución, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público apelará tanto el sobreseimiento de Claudio Orrego como la condena en costas impuesta a Juan Castro Bekios.
En declaraciones a Radio ADN, Valencia sostuvo que ninguna de las decisiones se encuentra firme y que ambas deberán ser revisadas por la Corte de Apelaciones.
“Tanto la resolución que decreta el sobreseimiento como la que le impone, incluso personalmente al fiscal regional Juan Castro Bekios, están pendientes. Es altamente probable que el Ministerio Público apele a la Corte de Apelaciones, que va a tener que revisar”, señaló.
El Fiscal Nacional manifestó además su desacuerdo con la sanción económica aplicada al persecutor regional.
“Respecto del caso particular del fiscal Castro, es una norma legal el poder imponer personalmente a un fiscal. La ley señala expresamente que es excepcional. En principio me parece injusto personalmente con él y esperamos que la corte lo revierta”, afirmó.
Valencia agregó que será finalmente la Corte de Apelaciones la que determinará si se mantiene o no el pago de costas personales impuesto al fiscal regional de Antofagasta.
Un escenario complejo para la Fiscalía de Antofagasta
La combinación de estos tres episodios —el rechazo al desafuero de Orrego, el sobreseimiento definitivo de la autoridad regional y la condena en costas personales al fiscal regional— se suma al fallo de la Corte Suprema que invalidó las interceptaciones telefónicas practicadas en la misma causa.
Se trata de una secuencia de reveses judiciales que ha instalado cuestionamientos respecto de la estrategia investigativa utilizada en una de las causas más relevantes y mediáticas del país.
Tras conocerse la resolución, Claudio Orrego aseguró que “se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad”, mientras que desde la Fiscalía Regional de Antofagasta inicialmente se informó que no emitirían declaraciones sobre el fallo, postura que posteriormente fue complementada por el respaldo público expresado por el Fiscal Nacional.
Aunque la Fiscalía Regional de Antofagasta acumula una serie de reveses judiciales en esta arista del caso ProCultura, el escenario aún no está completamente cerrado.
Por ahora, la investigación deja al Fiscal Regional de Antofagasta enfrentando un momento complejo, con una causa emblemática severamente debilitada y una serie de decisiones judiciales adversas que continúan generando repercusiones jurídicas, institucionales y políticas.