La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera (IND), fue incluida por la Contraloría General de la República en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), requisito establecido por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia.
La medida forma parte de un proceso nacional de fiscalización impulsado por el organismo contralor para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de alcaldes y otras autoridades públicas.
Según informó la Contraloría, el pasado 27 de mayo comenzaron a enviarse los respectivos oficios de apercibimiento a las autoridades observadas. A través de dichos documentos se les notificó formalmente la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y remitir los antecedentes requeridos mediante la plataforma oficial.
Sierra Gorda es la única comuna de la Región de Antofagasta incluida en esta nómina de alcaldes apercibidos.
Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta destinada a resguardar la probidad y prevenir conflictos de interés en el ejercicio de cargos públicos. Mediante este mecanismo, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, actividades económicas, participaciones societarias y otros antecedentes patrimoniales relevantes.
La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. De acuerdo con dicha normativa, quienes incumplan esta obligación pueden enfrentar multas que van desde las 5 hasta las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Asimismo, la ley contempla sanciones más severas en caso de persistir la omisión. Si transcurren más de cuatro meses desde la aplicación de una eventual sanción y la autoridad continúa sin regularizar su situación, podría iniciarse un procedimiento que incluso podría derivar en la destitución del cargo.
Desde la Contraloría precisaron que, de mantenerse el incumplimiento una vez vencido el plazo otorgado, se iniciarán los procedimientos sancionatorios correspondientes.
Los alcaldes apercibidos pertenecen a comunas de distintas regiones del país, entre ellas Arica, Quintero, Santo Domingo, San José de Maipo, Lota y Alto Biobío, siendo Sierra Gorda la única comuna de la Región de Antofagasta incluida en este proceso.
Ahora, la alcaldesa Adriana Rivera deberá acreditar ante la Contraloría el cumplimiento de esta obligación legal dentro de los plazos establecidos para evitar eventuales sanciones.
Los alcaldes apercibidos corresponden a las siguientes comunas:
– M. de San Rosendo, Región del Biobío
– M. de Empedrado, Región del Maule
– M. de Melipeuco, Región de La Araucanía
– M. de Cabo de Hornos, Región de Magallanes
– M. de Rinconada, Región de Valparaíso
– M. de Los Muermos, Región de Los Lagos
– M. de Los Sauces, Región de La Araucanía
– M. de Toltén, Región de La Araucanía
– M. de San José de Maipo, Región Metropolitana
– M. de Sierra Gorda, Región de Antofagasta
– M. de Santo Domingo, Región de Valparaíso
– M. de Quintero, Región de Valparaíso
– M. de Arica, Región de Arica y Parinacota
– M. de Lota, Región del Biobío
– M. de Alto Biobío, Región del Biobío