El diputado por la Región de Antofagasta, Carlo Arqueros, ofició formalmente a la corporación estatal Codelco tras recibir antecedentes vinculados a un presunto incidente de ciberseguridad de gran envergadura. De acuerdo con las denuncias recibidas por el parlamentario, la falla informática habría comprometido información confidencial y operativa de la cuprífera a través de un proveedor tecnológico externo que presta servicios a distintas organizaciones de sectores estratégicos a nivel nacional. La eventual filtración global involucraría un volumen superior a los 6 terabytes de datos y más de 19 millones de archivos pertenecientes a diversas empresas e instituciones del país.
En el caso específico de la minera estatal, los antecedentes recopilados mencionan la vulneración de repositorios internos identificados bajo las etiquetas “codelco” y “codelco-prepro”. Estos servidores alojarían cerca de 1,24 terabytes de información y una cifra que supera los 1,9 millones de archivos digitales corporativos. Según los datos entregados al legislador, el hackeo o fuga de información se habría perpetrado originalmente durante el pasado mes de abril, período en el cual la administración de la empresa se encontraba encabezada por el presidente del directorio, Máximo Pacheco.
“Hemos oficiado a Codelco tras recibir una denuncia anónima con antecedentes sobre un posible incidente de ciberseguridad que podría involucrar información vinculada a la estatal a través de un proveedor tecnológico utilizado por empresas de sectores estratégicos del país. Por ello hemos solicitado aclarar si estos antecedentes son efectivos, cuál podría ser su alcance, qué tipo de información podría estar involucrada y qué medidas se han adoptado para resguardar la seguridad de los datos y la continuidad operacional de la empresa”, señaló Arqueros, recalcando que es deber de la cuprífera transparentar de manera oficial el alcance real del evento.
El legislador de la zona norte sostuvo de forma tajante que, debido al carácter estratégico que posee la estatal para el erario nacional, resulta indispensable despejar cualquier tipo de incertidumbre respecto a la robustez de sus barreras informáticas y la protección de sus bases de datos. “Por tratarse de una empresa estratégica del Estado, estos antecedentes revisten la máxima gravedad y deben ser aclarados. No estamos aquí para especular, sino para fiscalizar. Si estos antecedentes son incorrectos, corresponde aclararlo. Pero si existe algún grado de afectación, los trabajadores, contratistas y todos los chilenos tienen derecho a conocer qué ocurrió y cuáles son las acciones que se están adoptando para proteger los intereses del Estado”, concluyó el parlamentario.