Transportistas y vecinos exigen que se construyan vías alternativas para no tener que pagar diariamente peaje para acceder a sus lugares de trabajo o estudio, o bien, que las empresas mineras y generadoras eléctricas asuman los costos, como compensación a los daños sociales y medioambientales que provocan.
Completamente bloqueadas amanecieron este lunes las autopistas que conectan a Antofagasta con otras ciudades del norte del país, luego que camioneros y vecinos decidieran cortar la Ruta 1 y la Ruta 5, en protesta por el cobro abusivo de peajes por parte de la empresa concesionaria y la inexistencia de vías alternativas gratuitas.
A contar de la medianoche, se hicieron efectivos los cierres del paso vehicular, disponiéndose camiones a lo largo de las autopistas y también barricadas, exigiendo medidas efectivas por parte del gobierno y la concesionaria Autopistas de Antofagasta.
Mediante una declaración pública, la coordinadora Fuerza Mejillones, indicó que en esa comuna la situación es insostenible, puesto que se les obliga diariamente a desembolsar dinero por concepto de peaje (que actualmente va desde los $850 pesos), para realizar actividades cotidianas, como estudiar o trabajar.
Por ello, exigen que se construya una vía alternativa para poder desplazarse libremente, como contempla la constitución, o bien que se cambie de ubicación la caseta de peajes.
Asimismo, los vecinos solicitan una subvención al consumo energético, dado que existen dos centrales termoeléctricas en plena zona urbana de Mejillones y Tocopilla, sin embargo, deben asumir los costos de consumo eléctrico en forma normal, sin compensaciones por los daños sociales y medioambientales que provoca la generación eléctrica.
Peajes
La molestia por el cobro de peajes no se reduce solo a los usuarios de la Ruta 1. Usuarios y transportistas que viajan habitualmente entre Antofagasta y Calama, consideran excesivo el cobro de peajes en la Ruta 5, que une a la capital regional con la Provincia El Loa, considerando que tampoco existen vías alternativas.
Asimismo, el Alcalde de Calama, Esteban Velásquez, indicó que debe ser el estado o las mineras privadas quienes asuman los costos, como compensación de los daños sociales y medioambientales que provoca la actividad minera.
