En un 1.653% aumentaron los delitos de tortura y violaciones a los derechos en la región de Antofagasta perpetrados por agentes del Estado en la región tras el inicio de la revuelta social, según cifras del Ministerio Público.
El reporte de la Unidad de Gestión e Informática Fiscalía Regional de Antofagasta indica que se consideran las causas ante la justicia por tortura, malos tratos, delitos de lesa humanidad vinculados a la vulneración de derechos, lo cual para el Ministerio se explica por el estallido social donde las denuncias de esta naturaleza se vieron incrementadas sustancialmente.
Antes del 18 de octubre del 2019 se registraban 43 causas por Tortura, Malos Tratos, Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad, mientras que desde el 18 de octubre de 2019 a mayo del 2020 se registraban 754 causas por estos delitos.
Por otro lado, el delito de abuso contra particulares, que también está vinculado a la violencia institucional, se vio incrementado en un 163% de acuerdo al reporte, pasando de 30 casos a 79.
De esta forma, los delitos de violencia institucional en general aumentaron en un 1600%. De acuerdo al reporte de la Fiscalía Regional de Antofagasta un 98% de estos ingresos refieren a un imputado desconocido, es decir, se trata de un agente del Estado que es denunciado por alguna de estas gamas de delito, en las cuales el denunciante no tiene conocimiento de la identidad del imputado.
Sólo el 2% de los sujetos responsables de estos casos son conocidos, lo que se vincula a que todos los Carabineros, la cuadrilla, visten igual, lo que dificulta tener la identidad de quien ejecutó el delito. Por otro lado, el 61% de los casos de violencia institucional se encuentran vigentes y el 49% se encuentra terminado. Una de las principales causas del término de estas causas está vinculado al desistimiento de las personas que denunciaron en su oportunidad.
Desde el Ministerio Público indican que dado a que el autor del delito es desconocido se impone una carga investigativa mucho mayor y ello justifica las causas aún vigentes que se están investigando en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), indicándose que si se encuentran resultados objetivos para sostener una acusación, el Ministerio Público va a acusar y actualmente hay 3 agentes del estado acusados en este sentido.
