El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, se refirió a los últimos trascendidos del ya conocido caso Hermosilla, y los audios dados a conocer por la prensa, referidos a la elección del Fiscal Nacional.
En los mensajes el ex famoso abogado cercano a la UDI, habría tenido injerencia para la postulación del primer nombre entregado por el gobierno del presidente Boric, como fue José Morales. Por esta razón, Velásquez argumentó que “está corroído el sistema de nombramientos”.
Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta y quien votó en contra de dicho primer nombre, recalcó que “ante esta profunda crisis de confianza que está atravesando al país, en que nos ha quedado claro que está corroído el sistema de nombramientos de algunas autoridades a nivel de Fiscalía y de Ministros de la Corte, me parece oportuno hoy día, ante esta cuestión excepcional, también realizar cambios excepcionales y urgentes en los nombramientos”.
“La Alta Dirección Pública puede ser una herramienta en donde a partir de altos niveles de exigencia académica y ética, provoquen recién los nombramientos respectivos, dejando fuera la participación de la Corte Suprema y del propio Senado”, y agregó, “ante momentos complicados también tienen que haber alternativas excepcionales para dar respuesta por el nivel de desconfianza y en el que cada día se transforma en un capítulo peor que afecta el alma misma de la sociedad chilena”.
En la misma línea, Velásquez, quien ha sido una voz permanente de crítica a la falta de consecuencia de sus colegas que encabezan comisiones donde descansan varios proyectos de ley – de su autoría – que buscan perseguir de verdad la corrupción, volvió a oficiar a la Comisión de Constitución, para que ponga en tabla el proyecto que busca agravar las penas y excluir el acceso a beneficios en el caso de delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
“Hemos vuelto a oficiar al presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso de Urresti, para que ponga en tabla e impulse la tramitación de este proyecto, que está en dicha instancia desde el 29 de agosto del 2023 sin avances, y que es de suma importancia para la lucha contra la corrupción, pues establece mayores sanciones a quienes sean condenados por estos delitos, inhabilitándolos perpetuamente a ejercer cargos públicos, modifica los procedimientos para que no se opten a salidas alternativas y se asegure el cumplimiento efectivo en caso de condena, aspectos que la ciudadanía exige actualmente”, concluyó.