El diputado Marcos Espinosa (PRSD) fustigó la venta de Aguas Antofagasta e indicó que es un convencido de reformar el código de Aguas que data de 1981, para que la administración de este recurso estratégico sea responsabilidad del Estado.
Tras conocer que la empresa Aguas Antofagasta quedaría en manos del Grupo de Empresa Públicas de Medellín (EPM), el diputado Marcos Espinosa fue enfático en señalar la necesidad de realizar la modificación al Código de Agua, que establezca que este recurso estratégico se responsabilidad del Estado.
“Finalmente fuimos espectadores de cómo la última compañía chilena, que tenía a cargo una concesión de agua, vendió el 100 por ciento de sus acciones a una empresa Colombiana. Es inaceptable que un bien de uso público esté secuestrado por la leyes del mercado”, señaló el parlamentario.
Además, el congresista hizo hincapié del gran negocio que se realizó con el agua que debiera pertenecer a todos los chilenos.
“Sabemos que el traspaso considera un pago cercano a 965 millones de dólares por la transferencia de la totalidad de las acciones. Un negocio, sin duda, rentable si consideramos que Aguas Antofagasta fue adquirida por un proceso de concesión el año 2003, cuando el Estado le entregó su administración por 30 años a la firma privada Antofagasta Plc del grupo Luksic por un monto de 186 millones de dólares”, dijo el parlamentario.
Frente a este escenario, el diputado radical reiteró sus dichos sobre la necesidad de reformar el Código de Aguas, recordando los problemas que tiene la Segunda región en materia de recursos hídricos.
“Cuando revisamos la estructura de propiedad del agua en el norte de Chile, constatamos que los derechos están en manos de concesionarias de agua potable y compañías mineras, tanto públicas como privadas. Particularmente, en la provincia de El Loa existen cuencas que están agotadas por el uso intensivo de la actividad minera. En San Pedro de Atacama, se han sobreotorgado derechos de agua a comunidades y particulares que, si se hicieran efectivos, la cuenca del río San Pedro desaparecería“, explicó.
El parlamentario reconoció los esfuerzos que se han realizado desde la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación para modificar el Código de Aguas, señalando que el mismo ha presentado una serie de proyectos para lograrlo. “Necesitamos dar un paso definitivo para recuperar y nacionalizar los recursos hídricos de tal manera que el Estado pueda garantizar, administrar y darle sustentabilidad a este recurso estratégico y bien de uso público que le pertenece a los chilenos y chilenas“.
