La postura sostenida por parte del Intendente de Antofagasta, Arturo Molina (DC), así como también de representantes del gobierno regional, de no intervenir a favor de los trabajadores en los distintos conflictos laborales que se suscitan actualmente en la región, finalmente le terminó pasando la cuenta.
Es así como este miércoles trabajadores de Molyb llegaron en masa hasta la Intendencia regional para enrostrar la elocuente falta de seguridad con la que se ven obligados a trabajar, mientras desde el gobierno se insiste en que las huelgas son un conflicto entre privados.
Los trabajadores de Molyb se encuentran en huelga desde el pasado 9 de febrero, debido a una serie de incumplimientos por parte de la empresa de capitales japoneses y filial de Codelco, según denuncian los huelguistas.
Daniela Muñoz, presidenta del sindicato 2, explicó a la Izquierda Diario que “en la ultima mediación que tuvimos en la inspección del trabajo, los 3 sindicatos unimos las solicitudes y nos bajamos a sólo 7 puntos. Cada sindicato tenia su proyecto de contrato colectivo individual, con cerca de 26, 28 puntos, y en esa mediación nos bajamos a 7 puntos, para que pudiéramos avanzar y así esto cerrara luego”, pero la empresa mantiene una postura intransigente.
Esta movilización contó además con el respaldo de dirigentes estudiantiles y sociales que se encuentran respaldando activamente a los trabajadores movilizados.
Tres heridos en protesta de trabajadores de Escondida
En forma paralela, trabajadores de Minera Escondida realizaron bloqueos de ruta en la capital regional, específicamente en el sector “La Negra”.
En el lugar se dispuso un fuerte contingente de Fuerzas Especiales que actuó en contra de los manifestantes, tres de los cuales resultaron heridos.
Desde el Sindicato de Minera Escondida indicaron que “esta situación se ha originado en el profundo malestar de los trabajadores ante la mantención de rigidez de la empresa de mantener su postura de reducir remuneraciones y beneficios y afectar a los futuros trabajadores, por la imposición de cláusulas discriminatorias con menores beneficios“.
Diputadas cuestionan falta de mediación del gobierno
Esta política del gobierno de no intervenir en los conflictos laborales también despertó los cuestionamientos de las diputadas Paulina Núñez (RN) y Marcela Hernando (PR), quienes en su calidad de representantes de la Región de Antofagasta, zona donde se ubica la empresa, advierten el daño económico que representa la paralización para la economía. El sindicato paralizado, que agrupa a unos 2.500 trabajadores, informó que el Juzgado de Letras de Antofagasta ordenó a la compañía pagar a todos los socios las gratificaciones de 2016 y que corresponden a $1.545.000 por cada uno.
“Fue una jornada muy dura; fue una jornada con cortes de camino; con manifestaciones, y eso no puede seguir ocurriendo. Creemos que desde el primer minuto debió haber existido una mediación importante y no sólo haberlo dejado restringido a esta decisión entre privados, entre el sindicato y entre la empresa”, sentenció Núñez, llamando explícitamente a conformar una mesa de mediación junto a los parlamentarios de la zona.
“Yo creo que las negociaciones que se están dando en este minuto el foco está demasiado puesto en los bonos de término de conflicto, que son bonos que se reciben una vez, que no son imponibles, y yo siento que el foco debería estar puesto en las condiciones generales de trabajo de todos quienes trabajan en la minería, sobre todo para estas empresas que suelen acortar costos en contra de lo que son sus funcionarios”, aseveró Hernando, quien recordó una participación más activa del Gobierno en la última huelga que afectó a la empresa en 2006.
