Millonarios recursos que pertenecen a todos los chilenos, son parte del financiamiento que las diferentes instituciones públicas de la región de Antofagasta invierten en el grupo empresarial del controvertido empresario ligado a CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU) y la dictadura militar, Agustín Edwards.
Los municipios de la región, intendencia, gobernaciones, seremías y diferentes direcciones regionales de las instituciones de gobierno, financian anualmente al clan del fallecido empresario con alrededor de dos millones de dólares anuales, si calculamos un proporcional de los 60 millones de dólares que se invierten anualmente a nivel nacional por parte del Estado en avisaje y publicidad, según cifras a las que tuvo acceso el diario El Mostrador.
Lo relativo a la publicidad, consiste en la promoción de políticas públicas y por lo general son agencias de publicidad de la región metropolitana las que elaboran ‘planes de medios’, destinándose la mayor parte de estos recursos a medios de circulación nacional de la cadena El Mercurio, perteneciente a Agustín Edwards, o a Copesa, del grupo Saieh, dejando de lado a los medios locales o regionales.
Respecto ‘avisaje en medios impresos y electrónicos‘, que abarca el ‘avisaje legal’ u obligatorio, es decir, la publicación de llamados a licitaciones, concursos públicos, remates, entre otras, el criterio para seleccionar el medio donde publicar queda en manos de las propias jefaturas de los servicios públicos, las cuales por razones que no son transparentadas públicamente, optan por realizar la totalidad de este tipo de publicaciones en el ala norte de la empresa propiedad de El Mercurio S.A.P, de Agustín Edwards.
AL FILO DE LA LEY
Se trata de un financiamiento por parte de las instituciones públicas a la empresa de Agustín Edwards que se encuentra al borde de la ilegalidad, por cuanto la empresa del fallecido empresario posee dirección en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, a pesar de que el artículo 4º de la ley 19.733 sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, señala expresamente que “Los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, deberán destinarse mayoritaria y preferentemente a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales“.
No obstante la claridad de la ley al respecto, las direcciones de las instituciones públicas no contemplan para el ‘avisaje en medios impresos y electrónicos’ a medios escritos regionales, como es el caso de El Diario de Antofagasta, cuya empresa propietaria posee domicilio en la ciudad de Antofagasta, cumpliendo además con todas y cada una de las disposiciones que exige la ley 19.733 para los diarios, incluyendo el nivel de actualización exigida y el depósito legal en la Biblioteca Nacional.
“Las publicaciones en los diferentes medios electrónicos que hay en la región, poseen además un valor notablemente inferior, por lo que no existen razones objetivas que avalen la decisión de las sucesivas autoridades de realizar avisaje exclusivamente en los medios de Agustín Edwards en desmedro de los medios regionales e independientes. No solo conforman un aporte activo a la concentración ideológica de la prensa contraviniendo la libertad de expresión y el pluralismo, sino que además incurren en un gasto de recursos adicional para las instituciones del Estado“, indicó el Director y Fundador de Diario Antofagasta, Cristian Reyes.
A nivel internacional, la inyección de recursos por parte de las instituciones públicas en la empresa de Agustín Edwards, fue denunciada en su momento en el capítulo sobre libertad de expresión del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. (Country Reports on Human Rights Practices for 2013). Basándose en reportes de Fundación Equitas (2013) y de Freedom House (2012), advirtió sobre la concentración de medios en Chile, ya que “la mayoría de los productos mediáticos se encuentran en las manos de dos importantes empresas familiares, Copesa y El Mercurio, que son los principales recipientes de los subsidios del Gobierno”.
