Este proyecto adolece hasta el momento de algunas fallas de construcción que lesionan su efectividad. En primer lugar, no incrementa la magra tributación de la minería extranjera a favor de los distritos mineros. Más bien, saca recursos de las otras regiones del país, las cuales, tienen sus propios y graves problemas económicos y sociales. Para que esto no ocurriese, tendría que aumentar la tributación privada, hasta adecuarla a sus exorbitantes ganancias.
El llamado proyecto Fondenor anunciado por el gobierno, que hasta ahora no se conoce, forma parte de sus promesas electorales. En este artículo se comentan sus fortalezas, debilidades y su autoría. Por lo informado en la prensa local, el proyecto ya presentado por el senador Gómez entre otros, pretende obtener un 10%, de los actuales tributos de la minería para beneficio exclusivo de las regiones mineras.
Este proyecto viene a reconocer hechos innegables, eliminados después del golpe militar que anula la Ley del Cobre. Se admite que es necesario otorgar un trato especial a los lugares donde extracción de una riqueza no renovable, está agotando parte de su patrimonio económico y ambiental. Además se indemniza a los municipios mineros por el mayor costo de la vida y por la presión sobre los servicios públicos de la flotación flotante.
Sin embargo este proyecto adolece hasta el momento de algunas fallas de construcción que lesionan su efectividad. En primer lugar, no incrementa la magra tributación de la minería extranjera a favor de los distritos mineros. Más bien, saca recursos de las otras regiones del país, las cuales, tienen sus propios y graves problemas económicos y sociales. Para que esto no ocurriese, tendría que aumentar la tributación privada, hasta adecuarla a sus exorbitantes ganancias.
Por ejemplo, creando un royalty regional del 5% de las ventas de las empresas privadas, algo que está permitido por la actual Constitución Política del Estado. Esto podría aplicarse al menos a los futuros proyectos si no se dese afectar la actual invariabilidad tributaria. Otra iniciativa complementaria sería nacionalizar definitivamente el agua subterránea y cobrar un royalty al inversionista extranjero por su uso o su comercialización, de un recurso concedido gratuitamente por el Estado.
La creencia popular que impulsa el Fondenor, es que las ganancias de la minería se van al resto del país. En realidad, el grueso de las ganancias exportadas por la minería extranjera, viajan a sus casas matrices al extranjero. Este año, las ganancias exportadas por sus dueños, probablemente superaran los 20 mil millones de dólares, equivalentes al doble del presupuesto del Ministerio de Educación, y corresponden a la inversión extranjera acumulada desde 1974 en este sector. Ello contribuye a aumentar la brecha creciente entre los ricos de los países ricos y los pobres de los países pobres.
Otro error común es atribuir la fuga de recursos de la región a los trabajadores que residen en otros lugares. En realidad, el costo de la mano de obra en la gran minería es irrelevante en comparación a sus ganancias, representando cerca de un 30% del costo de operación, el cual a su vez representa apenas el 30% del precio de venta (suponiendo 3 dólares la libra). En otras palabras, si la mitad de la remuneración quedara en otras regiones, incluyendo a los subcontratados, su monto representa un una fuga de recursos desde Antofagasta inferior al 5% de sus ventas.
En cambio, las ganancias exportadas después de impuestos, por la minería privada fuera del país, cercanas a 15 mil millones de dólares promedio entre cada uno de los años 2006 y 2010, representaron cerca de un 50 % de sus ventas. En el mismo período su tributación efectiva es bastante inferior a las cifras publicadas en la prensa, calculadas sobre sus balances financieros y no sobre sus fichas tributarias y a veces incluyendo a Codelco.
En cualquier caso, según nuestra estimación, la tributación total privada, no superó el 25% de sus ventas, o el 32% de sus ganancias, en el mismo período, cifra apenas superior al IVA de 19% y muy inferior a la tributación vigente en la época de la Ley del Cobre (Más de 50% de las utilidades).
En cambio, los ingresos de los trabajadores residentes fuera de Antofagasta, quedan retenidos en otros distritos mineros, o donde hay elevados índices de pobreza. En realidad, la importación de trabajadores de otras regiones, permite aumentar las ganancias privadas, porque las empresas evitan mantener onerosos campamentos y eluden la conformación de sindicatos fuertes que nacen donde hay concentración obrera. En otras palabras, el problema no son los sueldos de los trabajadores ni su lugar de residencia, el problema es que las ganancias extra que ellos generan con gran sacrificio, en sus jornadas atípicas y sistemas de turnos extraordinarios, tributan muy poco.
Otra limitante de la actual concepción del Fondenor es el destino de los fondos. Se acierta si estos recursos transitorios provenientes del cobre, van dirigidos a inversión y no a gasto corriente. Sin embargo, esa inversión debería promover empresas estatales, mixtas y privadas, que permitan reducir la dependencia de la minería, o al menos manufacturen el cobre. Por ejemplo, invertir a través del Estado en el litio.
En cambio, si los fondos se destinasen a financiar una investigación tecnológica, servicios o energía, actualmente en manos de consorcios privados, serán recogidos por la misma minería, o por grupos económicos externos a la Región. En tal caso, ese Fondenor, al igual que parte del actual Impuesto Específico a la Minería, no hará otra cosa que aumentar la concentración de la riqueza en beneficio de los mismos actores dominantes. Ello profundizará el carácter mono exportador y rentista del modelo económico.
Finalmente, es necesario reparar una injusticia ya que hay polémica por la autoría del proyecto. Promotores de capturar fondos del cobre son simples ciudadanos que se organizan desde hace más de una década, en todo el país en Comités o Comandos del Cobre. En Antofagasta, participaron el Ex Rector Gerardo Claps, el dirigente sindical Luis Sagredo, los dirigentes vecinales de la actual Unión Comunal, Olga Mora, Luis Matte y Enrique Muñoz, el profesor Rabanal, el líder social Patricio Quiroz. Sería imposible nombrar a todos, sobre todo a gente anónima que reúne firmas en la calle y organiza debates. Como resultado de estas acciones, se obtuvo el acuerdo de un Consejo Municipal de Antofagasta, de consultar la opinión de la ciudadanía, acuerdo que nunca se cumplió.
Posteriormente, se organizó otro Comité, dirigido por el promotor cultural Luis Aránguiz que con apoyo de pobladores, estudiantes y algunos profesores, adoptó un enfoque de educación popular y partidario de aumentar el aporte privado más que distribuir lo existente. Actualmente, el Movimiento Amplio de Acción Ciudadana de Antofagasta (MAAC) continúa organizando seminarios y charlas. A pesar de todos estos esfuerzos, los logros en retener los ingresos del cobre, con sus fortalezas y debilidades, serán el resultado de la movilización de la ciudadanía de Calama y de los estudiantes universitarios.
