En un estado de tensión creciente se mantiene la pugna entre la Municipalidad de Antofagasta y la Intendencia de la región de Antofagasta, a propósito del proceso de cierre del Vertedero “La Chimba” y la apertura del nuevo relleno sanitario “Chaqueta Blanca“.

Se trata de un conflicto de larga data en la ciudad, con cruce de declaraciones y multas por parte de las sucesivas autoridades sanitarias para presionar a las administraciones municipales de turno para poner en funcionamiento de forma definitiva el nuevo relleno sanitario, dadas las deplorables condiciones del actual vertedero “La Chimba”, el más grande del país, que es un verdadero foco de insalubridad y contaminación, que afecta a los vecinos del sector norte de la capital regional.

Una guerra con implicancias políticas que en los últimos días ha escrito un nuevo capítulo, luego que la Seremi de Salud de Antofagasta emitiera una resolución para el cierre del actual Vertedero de La Chimba, dada su evidente insalubridad, poniendo al municipio entre la espada y la pared por cuanto no podría seguir depositando la basura domiciliaria en el antiguo vertedero, viéndose obligada a dejarlos en otro sitio. Un hecho que no sucedió, por cuanto el municipio optó por no acatar la resolución y continuar utilizando el antiguo vertedero.

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UNA EMPRESA QUE NO CUMPLE

Desde el municipio explicaron el pasado viernes que la empresa Santa Marta, a cargo de las obras y puesta en marcha del nuevo relleno sanitario “no ha cumplido con las bases del contrato y la oferta por ellos comprometida“, por lo cual poniendo en marcha el relleno Chaqueta Blanca “estaríamos procediendo a avalar una irregularidad que la normativa vigente no le permite a la municipalidad por ser la unidad ejecutora“.

Asimismo, el comunicado de la municipalidad puso en duda el interés real del Intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, de destrabar el conflicto, dejando entrever una posible intencionalidad política en su actuar, dada la cercanía de la autoridad regional con la Diputada Paulina Núñez, principal rival política de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.

Invitamos al Gobierno Regional, específicamente al señor Intendente Regional, Marcos Díaz, a trabajar en conjunto para hacer cumplir a la empresa el contrato y no impulsar la apertura del centro que aún no cuenta con todas las condiciones para su funcionamiento, antecedentes que corroboran los equipos técnicos del Gobierno Regional, quienes no han entregado documentación alguna que oficialice de forma permanente la autorización definitiva para su operación“, agrega la declaración del municipio.

MULTAS

Ante la negativa del municipio de acatar la resolución de la Seremi de Salud, el Intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, indicó que “vemos con mucha preocupación, que una autoridad por más que sea subrogante (alcalde), estando en ejercicio de sus funciones llame a desobedecer o se jacte a través de los medios de que no va a atender las resoluciones que emanan de órganos de competencia legal”.

“En un estado de derecho cuando se impone esta autoridad esta se cumple y todo esto no debería ser parte de la discusión local , pero como esto no ha sido así, hemos discutido cuál es el mejor contexto para llevar este proceso de no ingreso de camiones del vertedero de La Chimba porque en esto quiero ser sumamente enfático nuevamente: llegó el momento de ponerle un alto al vertedero”, indicó Díaz.

Según lo mencionado por el Intendente, la Seremi de Salud está en condiciones de efectuar el martes una fiscalización para constatar, a través de ministros de fe, que son sus funcionarios, la efectividad o no del cumplimiento de la resolución que impide que ingresen camiones a La Chimba.

Ante el no cumplimiento del cierre por parte del municipio este arriesga el inicio de un sumario y la aplicación de multas que van desde las mil UTM y 2 mil UTM en caso de reincidencia. El Intendente indicó además que se trata de una reincidencia. “Estamos en el mismo lugar que estábamos en el 2015 cuando la propia autoridad comunal frente a los tribunales de justicia, por la colocación de un recurso de protección, señalaba que le era imposible cerrar el Vertedero La Chimba al no tener una alternativa sanitaria y ambientalmente aprobada en la comuna”.

La guerra entre ambas partes continúa desatada, siendo la principal afectada -como en todas las guerras- la propia comunidad, que continúa viendo por televisión las voces altisonantes, los desacuerdos y “gallitos políticos” de las autoridades, mientras el problema ambiental continúa y se podrían terminar gastando recursos millonarios que podrían financiar proyectos locales, en el pago de multas derivadas de un conflicto político.