Antofagasta: Dejan en prisión a cuatro acusados de atacar a Carabinero de civil que habría intentado atropellar a manifestantes

Ministerio Público los acusa de homicidio frustrado y robo con violencia. Investigación del caso ha incluído interceptación de llamadas telefónicas, vigilancia de redes sociales y allanamiento de viviendas.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta dejó en prisión preventiva a cuatro personas, a quienes el Ministerio Público imputa homicidio frustrado en contra de un Carabinero de civil el 30 de diciembre pasado.

El Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, informó que tras múltiples investigaciones por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI finalmente se logró la tarde este jueves la captura de seis personas, cuatro de ellas formalizadas por homicidio frustrado y robo con violencia.

Un quinto imputado en calidad de cómplice por el delito de robo con violencia quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total y un sexto imputado por el delito de receptación con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercamiento a las víctimas.

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La versión que maneja el Ministerio Público es que una turba atacó a un vehículo que era conducido por un funcionario de Carabineros y su familia, resultando con diversas heridas, registrándose además el robo de algunas especies.

El caso causó revuelo en la ciudad, debido a que se produjo en medio de intensas protestas y enfrentamientos en Antofagasta, circulando varios videos en redes sociales que muestran como el vehículo que conducía el Carabinero de civil avanzó en medio de un grupo de manifestantes, siendo apedreado y realizando arriesgadas maniobras al intentar huir del lugar, chocando finalmente con un árbol.

En la oportunidad, apenas ocurridos los hechos, desde el Comité de Emergencia y Resguardo se afirmó que el vehículo conducido por el Carabinero de civil habría atentado en contra de personas que se manifestaban, afirmándose que podría tratarse de un infiltrado buscando provocar hechos de violencia para desacreditar la legitimidad de la protesta social ante la opinión pública.

Para la investigación de este caso, que ha incluído el allanamiento del inmueble de algunos audiovisualistas y reporteros gráficos, interceptación de llamados telefónicos y redes sociales entre otras, se fijó un plazo de 120 días.