Esta semana Carabineros dio a conocer la detención en Antofagasta de un hombre de 33 años quien aprovechando la emergencia sanitaria por el COVID-19 se dedicaba a la venta de permisos únicos colectivos y salvoconductos, que le significo una ganancia cercana a los $11 millones de pesos por la comercialización de 550 de estos documentos poniendo en riesgo la salud de toda la comunidad.
Esta investigación que estuvo a cargo del OS9 de la Prefectura de Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía Local no terminó ahí y la tarde de ayer, jueves, se concretó la captura de un segundo “emprendedor” quien utilizaba el mismo modus operandi del primero, detención que se concreta en calle Las Brisas.
Identificado como J.F.P de nacionalidad venezolana (39años) y ex policía del Estado de Miranda de dicho país, habría utilizado los datos de la misma empresa en quiebra desde 2016 para tramitar estos documentos y ofrecerlos en $20 mil pesos a través de la mensajería de aplicaciones de transporte de pasajeros.
Carabineros del OS9 ahora trabaja en establecer los vínculos con el primer imputado y en pesquisar a quienes habrían adquirido estos documentos, ya que ellos también estarían cometiendo un delito contra la salud pública.
Fiscalía Local de Antofagasta informó que el imputado fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de la ciudad, por la presunta autoría de los delitos reiterados de uso malicioso de instrumento público falso e infracción a la regulación sanitaria del art. 318., en grado consumado. Hecho ocurrido entre abril y julio del 2020.
Al respecto, el Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, comentó que tras su formalización, el imputado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras la solicitud realizada por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía de la ciudad.
