La Corte Suprema acogió recurso de casación y condenó a Israel Gilberto Álvarez Tapia a la pena de 6 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de homicidio simple de Aliro Alberto Álvarez Armijo, ilícito perpetrado en julio de 2001 en Antofagasta y que se convirtió en un caso emblemático de crimen sin resolver en la ciudad.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en diciembre de 2005, enterrado en un sector de la quebrada Roca Roja de la comuna.
En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que existen suficientes antecedentes para establecer la responsabilidad de Álvarez Tapia en la comisión del delito, estableciendo que la reunión realizada entre el acusado y la víctima, coincide con su data de muerte, considerando el informe pericial, unido a los hechos que el cadáver fue encontrado con la misma ropa que vestía al momento de su desaparición y que su vehículo no fue usado con posterioridad a esa noche.
Asimismo se establece que las otras líneas investigativas que surgieron durante la investigación fueron descartadas por inconsistentes. Además, Álvarez Tapia proporcionó cuatro versiones de los hechos para desviar la investigación.
Un factor clave fue el hallazgo de magnetita en la ropa del occiso, que también está presente en el inmueble propiedad del acusado en el año 2001. Además la propia madre de Álvarez Tapia señaló a un estudiante de derecho que su hijo había matado a Aliro Álvarez.
La justicia establece así que el día viernes 13 de julio de 2001, a las 22:00 horas aproximadamente la víctima, don Aliro Álvarez Armijo se reunió con el acusado, don Israel Álvarez Tapia, en dependencias del local comercial de este último llamado Ensamble Ltda, ubicado en Avenida Argentina N° 2848, de la ciudad Antofagasta, trasladándose al inmueble ubicado en calle Valdivia N° 5684 que se encontraba sin ocupantes.
Es en aquel inmueble donde Israel Álvarez Tapia propinó dos balazos con un arma de fuego a Aliro Álvarez Armijo, lo que le provocó la muerte. Una conducta que se explica por la deuda que el homicida tenía con la víctima que llegaba a $17.605.975, unido a su grave situación económica y financiera, que daba cuenta de débitos ascendentes a $39.374.069.
Tras perpetrar el crimen, el acusado enterró el cuerpo de la víctima durante la noche en el patio del inmueble, para luego en el mes de septiembre de 2001, en una fecha previa al día 24 del mismo mes, trasladar el cadáver en su vehículo a un camino secundario del sector Roca-Roja a 246 metros de la ruta 28, donde lo enterró junto con un perro, para luego abandonar el país en forma intempestiva el 25 de septiembre de 2001.
El tribunal fijó una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y no se le concede ninguno de los beneficios contemplados en la Ley 18.216, por lo que la pena impuesta deberá ser cumplida en forma efectiva, sirviéndole de abono los 189 días que estuvo privado de libertad con motivo de la presente causa.
