La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la medida de protección adoptada por el Juzgado de Familia de Calama, que ordenó cumplir con el plan nacional de vacunación de menor de edad cuyos padres se niegan a inocularlo.
En fallo unánime, el tribunal de alzada, integrado por los ministros Óscar Clavería Guzmán, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos, ratificó la resolución, tras establecer que el juez actuó dentro de sus atribuciones, en forma ajustada a derecho y actuando en el interés superior del niño.
De acuerdo a lo señalado en la resolución, “Es un hecho innegable que por regla general las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero en casos excepcionales como el presente, en que se puede concluir que existe un abuso de esta potestad parental, toda vez que al intentar imponer propias creencias se pone en riesgo la salud del niño, al privarlo de la inmunidad que el plan aporta, actuando en contra de su interés superior, se justifica la intervención del aparato público, como ocurre en el presente caso”.
Asimismo, para el tribunal de alzada “De esta forma, es claro que la vacunación, como herramienta de política pública y que ha sido definida como un bien público, se encuentra dentro de la excepción de la regla del artículo 14 que limita el derecho del paciente para otorgar o rechazar un tratamiento médico, dado que ello está enmarcado dentro del principio más general que señala que la libertad de un individuo en uso de su autonomía personal, de hacer o no hacer determinada cosa, está limitado cuando ello afecta la libertad o los derechos de otra persona, en este caso del colectivo social, pues al rechazar la vacunación se está poniendo en riesgo a la población”.
Finalmente y con todo lo expuesto, el menor de edad, dado que la vacunación es un bien mayor para él y la población, deberá ser inoculado.
