Luego de conocer durante esta semana, la desintegración de una banda que se encontraba transportando 25 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base, drogas que estaban valorizadas en más de $154 millones, y en la que uno de los participantes era nada menos que el supervisor de drones de la Delegación Presidencial de nuestra región, se anunció una querella por parte del Gobierno, la cual ya fue interpuesta en contra del ex funcionario público.
Tráfico ilícito de drogas, infracción a la Ley de Control de Armas, porte ilegal de armas y municiones, uso de información reservada o privilegiada, uso malicioso de instrumento público, receptación de vehículo motorizado y falsificación de placas patentes son delitos que se les acusa a los cuatro imputados correspondientes a esta acción judicial.
En ese sentido, el Delegado Presidencial de Antofagasta, Daniel Agusto, informó que esta decisión se tomó “con todos los antecedentes recolectados, porque no vamos a aceptar que se utilicen recursos de la delegación para hacer ilícitos”, agregando que “condenamos completamente los hechos ocurridos” y asegurando que desde que se conoció el caso, la institución tomó las medidas necesarias, “como desvincular de inmediato al funcionario, además de instruir un sumario administrativo para establecer responsabilidades internas dentro de la delegación”.
