Una denuncia fue presentada en la Municipalidad de Antofagasta, indicando que ciertos funcionarios cercanos a la administración estarían solicitando patrocinios digitales para una potencial candidatura independiente del alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez.
La denuncia sugiere que estos empleados, que serían parte de la dirección de gabinete, comunicaciones, junto con otros elementos cercanos al edil Velásquez designados por la actual administración en sus funciones, estarían presionando a otros funcionarios para que firmen. Asimismo, funcionarios contratados recientemente se verían obligados a apoyar la candidatura del actual edil de Antofagasta.
La acusación fue realizada por el Concejal Luis Andrés Aguilera Villegas, quien afirmó haber recibido múltiples quejas sobre esta situación. Aguilera expresó su preocupación en una comunicación dirigida al director de control (s) del municipio, solicitando aclaraciones sobre la legalidad de estas acciones y posibles sanciones.
El director de control (s) respondió a la consulta del Concejal Aguilera citando el dictamen N° E471612N24 de la Contraloría General de la República. Según el dictamen, los funcionarios públicos tienen prohibidos de realizar actividades políticas dentro de la Administración del Estado y de utilizar su tiempo de trabajo o recursos institucionales para fines ajenos a sus funciones.
¿Qué dice la ley al respecto?
El dictamen establece que el artículo 19 de la ley N° 18.575 prohíbe al personal de la Administración del Estado realizar cualquier actividad política dentro de la Administración. Además, el N° 4 del artículo 62 de la misma ley indica que contraviene la probidad administrativa ejecutar actividades políticas durante la jornada laboral o utilizar recursos del organismo para fines personales.
En el caso específico de los funcionarios municipales, la letra h) del artículo 82 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prohíbe expresamente la realización de cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o el uso de la autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones.
Denunciar infracciones
Si bien los empleados públicos, como ciudadanos, tienen el derecho de ejercer actividades políticas fuera de su jornada laboral y con recursos propios, la ley es clara en que dichas actividades deben ser voluntarias y no pueden ser coaccionadas por autoridades o funcionarios.
El director de control (s) recomendó que si el Concejal Aguilera posee pruebas irrefutables de esta situación, es su deber denunciarlo ante las instancias correspondientes.
Esta denuncia resalta las preocupaciones sobre el uso indebido de recursos públicos y la coerción en el ámbito laboral para fines políticos, lo cual está estrictamente prohibido por las leyes chilenas y podría derivar en sanciones significativas para los involucrados.
Silencio del alcalde
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, ni de la administración municipal respecto a estas acusaciones. Se espera que se tomen medidas adecuadas para investigar y resolver esta situación conforme a la normativa vigente.