La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió acoger la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra de la diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación del denominado caso “Convenios”.
El fallo, emitido este jueves 20 de febrero, fue adoptado de manera unánime por el tribunal pleno (causa rol 952-2024), integrado por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Hernán Cárdenas Sepúlveda, Juan Opazo Lagos, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca.
Según el fallo, los antecedentes expuestos por los intervinientes permiten dar lugar a la formación de causa en contra de la parlamentaria.
“(…) los antecedentes indicados en el considerando que antecede otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos, el que se construye sobre la base de los vínculos de esta con los imputados Sr. Andrade y Sr. Contreras y que de acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención, lo que es independiente del tipo de participación que en definitiva se pretenda acreditar por parte de la Fiscalía una vez que se proceda a la formación de causa en su contra y que, en consecuencia, satisface el estándar de probabilidad preliminar que hace procedente acceder a la solicitud de desafuero”, señala el fallo.
Vínculos e intervenciónVínculos e intervención
Asimismo, la resolución indica que la parlamentaria mantenía un vínculo con los suscriptores de los convenios y que tenía conocimiento de las irregularidades en la adjudicación de los fondos.
” junto a los vínculos de la diputada Pérez con los suscriptores de los convenios y su posición de poder político y laboral respecto de estos, existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada”, añade el documento.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Hernán Cárdenas Sepúlveda, enfatizó que los antecedentes reunidos permiten sostener la plausibilidad de la imputación en su contra.
“Resulta relevante en este aspecto que estos últimos antecedentes, si bien posteriores a la suscripción de los convenios, informan el pleno conocimiento de la diputada Pérez en las diversas irregularidades concurrentes, asumiendo claramente un rol de liderazgo, elaboración y dirección en las distintas acciones ya referidas, lo que resulta paradojal si es que desconocía dichas irregularidades, lo que unido a la ya señalada naturaleza de sus vínculos con los otros involucrados, la posición preferente que tenía y su conocimiento e intervención durante la ejecución de los convenios, dotan de plausibilidad a la imputación primaria del Ministerio Público respecto de una eventual participación como coautora en los términos del artículo 15 N°3 del Código Penal”, explicó el magistrado.
Resolución del tribunal
Con base en estos antecedentes, el tribunal aceptó la solicitud del fiscal jefe de Antofagasta y autorizó el inicio de un proceso judicial contra la diputada Catalina Pérez por los hechos investigados en la causa del Juzgado de Garantía de Antofagasta.