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Miércoles 13 de Agosto del 2025 00:48

Tricel confirma inhabilitación por 5 años del exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

El máximo tribunal electoral ratificó el fallo del TER que sanciona al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez por abandono de deberes y graves faltas a la probidad durante su administración, impidiéndole postular y ejercer cualquier cargo público durante 5 años. Esta sentencia es independiente de los procesos judiciales que aún enfrenta y pone lápida a sus aspiraciones políticas inmediatas.

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El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó la sentencia del Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta que inhabilita al exalcalde Jonathan Velásquez por un período de cinco años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado responsable de abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa durante su gestión al mando del municipio.

En su resolución, el Tricel señaló:

“VISTOS: Se confirma la sentencia apelada de veinte de mayo de dos mil veinticinco, escrita a fojas 3.492 (TER). Regístrese, notifíquese y devuélvase.”

La decisión mantiene firme el fallo emitido en mayo por el TER, que detalló una serie de irregularidades y omisiones del exjefe comunal, las que derivaron en su destitución e inhabilidad para ocupar cargos de elección popular o designación en la administración pública por un lustro.

Contexto del fallo original

En el dictamen del 20 de mayo, el TER determinó que Velásquez incurrió en conductas contrarias a la probidad y desatendió sus deberes como alcalde, en causas impulsadas por concejales de la comuna. Entre los antecedentes analizados se incluyeron contratos, gestiones administrativas y presuntos beneficios a terceros, que fueron considerados incompatibles con la función pública.

El TER de Antofagasta acogió el requerimiento presentado por seis concejales contra Jonathan Velásquez, declarando que incurrió en notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa

Se acreditaron 15 cargos, destacando entre ellos:

Contrataciones vía trato directo sin justificación jurídica, sobre todo en servicios de recolección de basura y barrido de calles. 

Uso indebido de recursos municipales, como abogados contratados para litigios personales del alcalde. 

Modificación unilateral de contratos previamente aprobados por el Concejo Municipal, como el de aseo, reduciendo requisitos y favoreciendo a ciertos proveedores. 

Negligencia en la administración de inmuebles municipales, como locales en concesiones marítimas o el manejo irregular de un local comercial (por ejemplo, McDonald’s). 

Retraso en atender sumarios internos y falta de transparencia, incluyendo dilaciones en procedimientos disciplinarios y omisión en la entrega de información pública. 

Entre esos hechos también se incluyeron casos relacionados con el abandono de inmuebles públicos como el vertedero “La Chimba” y la gestión irregular de bienes municipales.

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