En una audiencia que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta y su unidad SACFI formalizaron a 22 personas detenidas durante un amplio operativo policial contra organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Operativo y bienes incautados
La investigación, desarrollada junto a brigadas especializadas de la PDI, permitió desarticular varios clanes criminales que operaban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual. Los imputados habrían estado activos al menos desde 2023.
Durante los allanamientos se incautaron $86 millones en efectivo, joyas, documentación y bienes que revelarían un flujo ilícito cercano a $3.936 millones en movimientos financieros. También fueron confiscados vehículos de lujo avaluados en $252 millones y dos propiedades adquiridas con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Delitos imputados
Los formalizados enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación del ingreso al país con fines de prostitución y asociación criminal. En el caso de las cúpulas, además se les investiga por lavado de activos, asociación ilícita y, en un caso particular, tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Según se expuso en la audiencia, la estructura criminal funcionaba con roles definidos: captadores de víctimas, operadores logísticos, administradores, controladores y testaferros para ocultar dinero. Las víctimas eran principalmente mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad o irregularidad migratoria.
Dimensión patrimonial inédita
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que este caso marca un precedente en Chile:
“Es la primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal que se formaliza por trata de personas, asociación criminal, lavado de activos con delito base en trata y asociación ilícita para el lavado de activos. Estamos hablando de casi $4.300 millones en flujos detectados, lo que refleja la importancia de cortar el poder económico de estas organizaciones”.
La Fiscalía detalló que los imputados habrían utilizado empresas de fachada, testaferros, operaciones cruzadas, microtransferencias y simulación de actividades comerciales para blanquear las ganancias ilícitas.
PDI y medidas cautelares
El prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, jefe de la Región Policial de Antofagasta, resaltó que este golpe criminal “refleja el trabajo conjunto y técnico entre Fiscalía y PDI para entregar mayor seguridad a la comunidad”.
Tras la extensa audiencia, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para 21 imputados por considerarlos un peligro para la sociedad, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de contacto con las víctimas. El plazo de investigación se fijó en 100 días.
