Un informe final emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta reveló una serie de irregularidades graves en la ejecución del proyecto “Construcción acceso y obras complementarias playa La Chimba”, a cargo de la Dirección Regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (DROP).
El documento, correspondiente al Informe Final N° 148/2025 de la Contraloría Regional de Antofagasta, elaborado tras una inspección en terreno realizada en marzo de 2025, evidenció pagos en exceso por $120.369.391, deficiencias en la fiscalización, atrasos no justificados en la ejecución de partidas, incumplimientos ambientales y sanitarios, y falta de cumplimiento de normativas de seguridad en la obra.
Pagos en exceso y falta de control
El hallazgo más relevante del informe corresponde a pagos autorizados por la inspección fiscal por cantidades superiores a las obras realmente ejecutadas, contraviniendo el tipo de contrato (a precios unitarios) que exige que los pagos se ajusten a lo realmente construido y verificado en terreno. La DROP deberá acreditar el reintegro del monto y abrir un sumario para establecer responsabilidades administrativas.
Modificaciones no aprobadas y multas omitidas
Se detectó también que 108 partidas del contrato fueron modificadas sin autorización previa, lo que constituye un incumplimiento reglamentario. Además, se constató que la inspección fiscal omitió cursar multas por incumplimientos de la empresa contratista, las que podrían ascender hasta 160 UTM.
Permisos ambientales y sanitarios pendientes
El proyecto tampoco contaba con las aprobaciones requeridas para el sistema de alcantarillado provisorio de la obra ni los permisos sectoriales para residuos peligrosos (PAS 140 y 142), lo que representa una falta grave al marco normativo ambiental y sanitario vigente.
Retrasos y deficiente planificación
El avance físico de la obra al momento de la inspección era de 72,75%, y financiero de 69%. No obstante, Contraloría observó retrasos significativos en al menos 14 ítems del cronograma, sin acciones correctivas oportunas por parte del inspector fiscal. Además, los trabajos de arqueología –motivo del aumento de plazo contractual– también presentaban retrasos y mala planificación.
Seguridad y prevención de riesgos en entredicho
Las visitas inspectivas evidenciaron fallas en la implementación de medidas de seguridad laboral, como uso inadecuado de elementos de protección personal, manejo deficiente de combustibles y residuos, y bodegas sin extintores.
Hallazgos claves del informe
Pagos en exceso: La Contraloría observó que se realizaron pagos en exceso por un total de $120.369.391, IVA incluido, debido a que el inspector fiscal no verificó las cantidades de obras autorizadas para el pago. La Dirección Regional de Obras Portuarias (DROP) deberá acreditar los descuentos correspondientes a la empresa contratista o el reintegro de dicha cantidad en un plazo de 60 días hábiles. Además, se instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas.
Partidas modificadas sin aprobación: Se constataron 108 partidas del contrato que fueron modificadas en sus cantidades de ejecución sin contar con la aprobación previa de las autoridades competentes. Ochenta y una de estas partidas ya tenían un avance financiero al estado de pago N° 12. Aunque la DROP presentó la resolución que aprobaba estas modificaciones, la Contraloría determinó que la ejecución de trabajos antes de la aprobación es una falta a los procedimientos.
Multas no aplicadas: El informe también señala que no se han cursado multas a la empresa contratista por incumplimiento de instrucciones, lo que denota una deficiencia en la supervisión de la inspección fiscal.
Atraso en la ejecución: Se identificó que 14 ítems del proyecto presentaban atraso en su ejecución o no se habían iniciado, a pesar de que debían estar en curso o finalizados. El inspector fiscal no instruyó acciones para regularizar estos atrasos.
Permisos y autorizaciones pendientes: Se detectó que el plan de inspección, control y ensayo (PICE) de la obra no contaba con la aprobación formal del inspector fiscal. Además, los permisos ambientales sectoriales (PAS) 140 y 142 aún se encuentran en trámite, lo que significa que la obra no cuenta con la resolución de aprobación correspondiente por parte de la autoridad sanitaria.
¿Qué viene ahora?
La Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la DROP para subsanar las observaciones consideradas Altamente Complejas y Complejas, y deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas ante el organismo fiscalizador.