El Juzgado de Garantía de Osorno ordenó este viernes la prisión preventiva de dos exfuncionarios del Hospital Base de la ciudad, identificados con las iniciales R.A.R.M. y E.A.G.A., quienes fueron formalizados como autores del delito reiterado de tortura en contra de un colega del área informática del recinto. Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020 y fueron recientemente revelados a través de registros audiovisuales difundidos en redes sociales.
El magistrado Alex Frake Ruiz resolvió que la libertad de ambos imputados “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima”, fijando además un plazo de 100 días para la investigación. Los acusados fueron sindicados como responsables directos de las agresiones más graves, dada su jerarquía dentro del grupo.
En tanto, los otros dos imputados, J.P.A.N.G. y J.A.B.H., quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia. El tribunal consideró que la participación de uno de ellos fue menos gravosa y valoró la colaboración del otro, quien entregó los videos de las agresiones.
La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló tras la audiencia que si bien habían solicitado prisión preventiva para los cuatro acusados, quedaron conformes con la resolución respecto de los dos principales responsables, pero no descartó presentar una apelación para revisar las medidas impuestas a los otros dos.
Durante la formalización, la Fiscalía expuso que los imputados realizaron actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de la divulgación de información privada de la víctima en redes sociales. Estos hechos dejaron a la víctima en un “estado permanente de angustia, con grave afectación a su vida personal y profesional”.
La defensa de uno de los acusados intentó justificar los hechos como “dinámicas para pasar el tiempo durante la pandemia”, lo que fue duramente rechazado por la Fiscalía. “Son actos de lo más degradante respecto de una persona. Lo que se hizo es gravísimo y no admite justificación alguna”, recalcó la fiscal De Miguel.
El caso, que ha generado repudio transversal, sigue en investigación y se mantiene bajo la atención nacional por la crudeza de los hechos y la responsabilidad de funcionarios públicos en su ejecución.