El caso CMDS sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una demanda laboral por parte de Francisco Javier Salazar Huerta, ex jefe de prensa de la entidad, quien acusa haber sido despedido injustamente y expuesto públicamente con imputaciones falsas por parte de la administración municipal.
Salazar sostuvo que su desvinculación se produjo el 26 de mayo, bajo la causal de “necesidades de la empresa”, y no por pérdida de confianza, como se señaló públicamente. “A mí no se me pidió la renuncia. Me informaron que el cargo de jefe de prensa no podía seguir por falta de recursos, sin embargo, al poco tiempo ingresaron nuevos funcionarios con sueldos más altos que el mío. Eso demuestra que el argumento fue falso”, declaró.
El periodista aseguró además que se le responsabilizó de manera indebida por el uso de recursos de salud y educación en el cuestionado contrato de comunicaciones por $65 millones adjudicado a una empresa ligada al holding El Mercurio, financiado con recursos per cápita de salud y subvención escolar. “Jamás tuve conocimiento de dónde provenían los fondos. Eso lo define la dirección de finanzas. Yo no actué de manera unilateral ni premeditada. El plan comunicacional fue instruido por el entonces director de asuntos externos, Jonathan Vergara, y revisado por equipos jurídicos y de control. No se trató de un trabajo individual ni ‘bajo la mesa’ como se dijo”, enfatizó.
En el marco de ese convenio, incluso se alcanzó a grabar un capítulo con la entonces directora de DIDECO, Yantiel Calderón —hoy candidata a diputada por Evópoli—, aunque dicho material nunca fue difundido públicamente. Salazar, militante RN, aseguró desconocer si existía una intención política detrás de esas producciones, pero recalcó que la imputación de responsabilidades hacia él fue injusta y dañina para su imagen.
La acción legal
El abogado de Salazar explicó que la acción judicial corresponde a una tutela de derechos fundamentales, un procedimiento especial que busca reparar la vulneración de derechos de un trabajador.
“En este caso se vulneró el derecho a la honra. Se hizo un despido de manera irregular, exteriorizado públicamente con puntos de prensa en los que se imputaron conductas que no eran efectivas. Eso dañó su imagen profesional”, sostuvo.
La demanda solicita una indemnización de entre 6 y 11 remuneraciones, además de una disculpa pública que debe provenir de una autoridad de relevancia dentro de la CMDS, como el presidente del directorio o el propio alcalde.
Próximas audiencias
El tribunal declaró admisible la acción y fijó la primera audiencia para el 15 de abril de 2026. Salazar señaló que cuenta con correos, mensajes y testigos que respaldan su versión y espera que en tribunales se esclarezca lo ocurrido.
“Se me intentó responsabilizar de un problema que no generé. Aquí se faltó a la verdad y se dañó mi honra. Lo único que pido es justicia”, concluyó.