En un fallo que marca un precedente para la seguridad escolar en la región, la Fiscalía de Antofagasta logró condenar a un imputado de 46 años a las penas de 540 y 300 días de presidio efectivo. El sujeto fue declarado autor de los delitos de captación y grabación de registros audiovisuales de partes íntimas, además de realizar actos de significación sexual en presencia de menores. Debido a que no cumple con los requisitos legales para penas sustitutivas, el condenado deberá cumplir la sentencia tras las rejas, descontando los 359 días que ya ha permanecido en prisión preventiva desde su captura.
Durante el procedimiento, el individuo reconoció que entre los años 2015 y 2025 utilizó su teléfono celular para fotografiar y grabar a diversas víctimas, principalmente niñas y adolescentes, sin su consentimiento y con fines de connotación sexual. Lo más alarmante es que estos hechos ocurrieron tanto en la vía pública como al interior de dos establecimientos educacionales de Antofagasta donde el sujeto se desempeñaba. El modus operandi incluía el uso de aplicaciones diseñadas para filmar con la pantalla del celular bloqueada, lo que le permitió pasar inadvertido por años en entornos escolares.
La detención definitiva del imputado se produjo el 10 de abril de 2025, luego de que transeúntes lo sorprendieran grabando a una menor de edad en la vía pública. Tras alertar a los familiares de la víctima y concretar su arresto, el peritaje de sus dispositivos electrónicos reveló un perturbador historial de abusos. Entre los archivos encontrados, se descubrió un registro de abril de 2021 donde el sujeto realizaba actos de significación sexual frente a una menor, evidencia clave que permitió al Ministerio Público sustentar la acusación y lograr la condena actual.
Además del presidio, la justicia impuso drásticas penas accesorias: el condenado quedará bajo vigilancia de Carabineros durante diez años tras salir de la cárcel y su perfil genético será incorporado al registro nacional de condenados. Lo más relevante para la seguridad de la comunidad educativa es su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios que involucren contacto habitual con menores de edad. Aunque la defensa aún dispone de plazo para apelar, la sentencia entrega una señal de justicia para las familias afectadas por una década de vulneraciones en el corazón del sistema escolar local.