El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil llevó a cabo su primera Cuenta Pública Participativa con cobertura en las 16 regiones del país, instancia donde su directora nacional, Rocío Faúndez García, presentó el balance de la gestión institucional. El hito contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, junto a autoridades del sector, académicos y representantes de la sociedad civil. Al 30 de abril de este año 2026, la institución registra a 6.734 jóvenes vigentes cumpliendo alguna medida o sanción —un 11% más que en 2025—, de los cuales casi el 80% se encuentra en programas de medio libre.
Entre los principales logros institucionales expuestos destacaron la puesta en marcha del Expediente Único de Ejecución (EUE) a nivel nacional y un drástico incremento en la dotación del servicio, la cual pasó de apenas 19 funcionarios en diciembre de 2023 a 2.884 profesionales en abril de 2026. Asimismo, la entidad demostró una alta eficiencia financiera al ejecutar el 98,7% de su presupuesto durante el año 2025, sentando las bases administrativas tras la completa sustitución del antiguo sistema de información Senainfo.
A pesar de los avances, la dirección nacional fijó cuatro ejes estratégicos prioritarios para la consolidación del servicio, enfocados directamente en la seguridad del país. El primero de ellos busca transitar desde la medición de procesos hacia indicadores de resultados propios sobre reincorporación social y disminución de la reincidencia, desafío para el cual ya se desarrollan evaluaciones de impacto conjuntas con prestigiosas entidades como la Universidad Católica, la Universidad de Princeton, la Universidad de Chile y la Fundación Paz Ciudadana.
La infraestructura de los recintos privativos de libertad constituye otro desafío crítico debido a décadas de baja inversión heredada. Ante esto, el organismo ejecutó más de 7.119 millones de pesos en 32 iniciativas iniciales —que incluyen la primera etapa del nuevo centro IP-IRC de Antofagasta— y diseñó un Plan Nacional de Infraestructura que proyecta 160 obras hasta 2028. En paralelo, se trabajará en resolver brechas de interoperabilidad y resguardo de datos en el Expediente Único de Ejecución, además de robustecer la participación ciudadana mediante la creación del primer Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc).
Finalmente, el ministro Fernando Rabat subrayó la importancia de la evaluación que se aplicará a partir de enero de 2027, una vez que se cumpla un año desde la implementación total de la nueva institucionalidad. En este marco, las autoridades recordaron que el informe de gestión permanecerá disponible en el sitio web institucional hasta el 15 de julio para recibir observaciones de la ciudadanía, con miras a publicar el documento definitivo el próximo 26 de agosto.