Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Antofagasta y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI culminó con la detención de una mujer chilena acusada de defraudar por más de 23 millones de pesos a familias vulnerables. La imputada ofrecía cupos directos para proyectos habitacionales del Serviu mediante presuntos contactos internos. Tras su audiencia de formalización por el delito de estafa reiterada, el tribunal decretó su prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 120 días.
El modus operandi consistía en ofrecer acceso a departamentos a través de “gestiones especiales”, solicitando a las víctimas transferencias bancarias para supuestos pagos de reservas, impuestos y gastos notariales. Para dotar de credibilidad al engaño, aseguraba trabajar en coordinación con una funcionaria ficticia del Serviu llamada “Luciana” y utilizaba documentación falsa que incluía logos, timbres y firmas institucionales. Incluso citaba a los afectados a su propio domicilio para firmar los trámites simulados, entregando respuestas evasivas o cortando todo contacto cuando las familias exigían la entrega de los inmuebles.
Las diligencias de análisis criminal permitieron acreditar al menos ocho delitos consumados cometidos durante los meses de febrero, marzo y junio del presente año. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, enfatizó que la mujer aprovechó la vulnerabilidad de los afectados y su anhelo de la casa propia, montando una puesta en escena con correos y formularios falsos para simular legitimidad. Destacó además que el trabajo coordinado a partir de denuncias individuales permitió identificar un patrón común y solicitar la orden de detención dictada por la justicia.
El persecutor advirtió que la causa se mantiene abierta y no se descarta que el número de víctimas aumente de forma significativa conforme progresen las pesquisas en la región. Por su parte, el jefe de la Bridec Antofagasta, subprefecto Néctor Rojas Leyton, resaltó el despliegue de las técnicas investigativas de la PDI para desarticular este engaño y reiteró el llamado a la comunidad a verificar cualquier trámite habitacional directamente en las oficinas oficiales, desconfiando de intermediarios que soliciten pagos o transferencias fuera de los conductos del Estado.
Esta formalización busca dar respuesta a las familias perjudicadas, mientras las instituciones persiguen determinar el monto total defraudado e identificar posibles nuevos casos vinculados a la imputada en la capital regional.