La Fiscalía de Antofagasta formalizó este jueves a un abogado de 46 años, exfuncionario del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), por su presunta participación en una serie de delitos contra la probidad pública, entre ellos fraude al Fisco, estafa procesal, prevaricación, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre.
El imputado fue detenido por funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en cumplimiento de una orden gestionada por el Ministerio Público, la cual también contempló diligencias de entrada, registro e incautación de especies.
Habría utilizado su cargo para obtener dinero del propio servicio
Según expuso la Fiscalía durante la audiencia de formalización, entre junio y diciembre de 2023 el abogado habría accedido a información privilegiada que daba cuenta de la existencia de cinco depósitos del Servicio de Salud de Antofagasta, por un monto cercano a 13 millones de pesos, mantenidos en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Calama sin una causa o motivo identificado.
Con esa información, el imputado habría elaborado un plan destinado a obtener esos recursos mediante una acción judicial.
De acuerdo con la investigación, el abogado habría promovido una demanda de tutela laboral contra el propio Servicio de Salud y posteriormente impulsado un avenimiento mediante el cual la institución, representada judicialmente por él mismo, se comprometía a pagar la suma de dinero para poner término al litigio.
Para concretar el presunto fraude, la Fiscalía sostiene que el imputado involucró a un tercero, quien figuró como demandante y recibió el depósito en su cuenta bancaria para luego transferir los recursos al abogado entre enero y febrero de 2024.
Investigación se inició tras denuncia
El caso llegó al Ministerio Público en octubre de 2024, luego de que el Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Antofagasta presentara una denuncia, originada a partir de los antecedentes entregados por la persona que recibió las transferencias y que actualmente figura como víctima dentro de la investigación.
Durante la audiencia, el fiscal Cristian Aguilar Aranela solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando la gravedad de los delitos investigados, la forma en que habrían sido cometidos y el compromiso de bienes jurídicos vinculados a la probidad pública.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó esa solicitud y decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, período en el que el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para determinar la eventual responsabilidad penal del imputado.