Amenazas y agresiones verbales son las que acusan haber recibido funcionarios del Ministerio de Educación, por parte de asesores de la Coordinadora de Colegios Particulares y Subvencionados del Norte (Copanor), que agrupa a algunos colegios particulares subvencionados que se oponen a la Ley de Inclusión Escolar.
Según relatan los funcionarios, por instrucciones del Ministerio de Educación acudieron a los establecimientos educacionales para hacer llegar una carta dirigida a los apoderados, con la información oficial para aclarar las dudas que se han suscitado en relación a la Ley de Inclusión Escolar, encontrando buena recepción en la mayor parte de los establecimientos, mientras que en otros -según relatan fuentes del Ministerio de Educación a este medio- entran en escena asesores de los sostenedores privados que se oponen a la reforma educacional, para presionar a la dirección del establecimiento y por medio de amenazas, además de agresiones verbales a los funcionarios, impedir que la carta del Ministerio de Educación llegara a los alumnos.
La carta en cuestión, aclara entre otros puntos que la Ley de Inclusión Escolar no termina con la educación subvencionada -como han planteado los sostendores privados desde Copanor- junto con señalar que los colegios seguirán siendo administrados por “sus dueños o las personas que ellos determinen. Es falso que el Estado expropiará estos colegios. Sólo se les exige organizarse como entidad – fundación o corporación – sin fines de lucro. Por otra parte, si quiere recuperar su inversión, puede hacerlo en un proceso de autocompra del inmueble – el actual sostenedor le vende el inmueble a la entidad sin fines de lucro que él mismo constituye – que cuente con la garantía del Estado, y si lo hace antes del 2021 no pagará impuestos“.
Asimismo, la misiva añade que “los sostenedores plantean que los precios de los terrenos e inmuebles son más altos en Antofagasta, para efectos de decidir vender al término del período de arrendamiento que la misma ley permite (6 o 10 años) pero no dicen que la misma ley, haciéndose cargo de esta realidad, estableció excepciones, lo cual permite analizar caso a caso, de tal manera de darle viabilidad a esta gestión de compra y venta. No obstante en la mayoría de los casos estas operaciones se realizarán recién el 2023 o 2027, por tanto hasta cierto punto es inoficioso plantear una discusión sobre una realidad inmobiliaria que puede cambiar mucho a esa fecha, les hemos solicitado que realicen las gestiones ante las entidades bancarias para efectos de las tasaciones comerciales, lo cual la gran mayoría no ha realizado“.
“Fuera de lugar”
Respecto a estas acusaciones de funcionarios del Ministerio de Educación, el vocero de Copanor y sostenedor del Colegio Lancaster, Jorge Lawrence, negó que se hubiera producido un altercado entre asesores de los sostenedores y funcionarios del Ministerio de Educación, indicando que no se oponen a la entrega de misivas a los apoderados, pero ello debe realizarse fuera del horario de clases.
“Las únicas personas que pueden interrumpir las clases son el sostenedor o el director, desde el gobierno se busca levantar puntos de vista políticos y se quiere generar con ellos una alteración a la sana convivencia escolar, lo encontramos completamente fuera de lugar y más aún haciéndolo mientras los niños están en la sala de clases“, indicó Lawrence.
Asimismo, añadió que se autorizó a los funcionarios del Mineduc “para ubicarse fuera del recinto para que entregaran las cartas directamente a los apoderados fuera de clases“.
Respecto a las agresiones verbales indicó que al menos en el lugar donde se encontraba no presenció ninguna, pero que si presenció amenazas desde una funcionaria de gobierno a la directora del Colegio Baptist College. “Celebro que el gobierno entregue su versión de las cosas pero la forma en que lo hicieron estuvo completamente fuera de lugar“, concluyó el abogado de Copanor.
Revise la carta del Mineduc
