La investigación que está desarrollando Contraloría General de la República en relación al contrato de servicios de asesoría comunicacional por parte de una empresa del ex asesor de Sebastián Piñera, José Miguel Izquierdo, que habrían sido pagados con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), sigue generando diversas interrogantes y también especulaciones en relación a las consecuencias que podrían existir, de probarse las denuncias que pesan sobre la administración municipal de la Alcaldesa Karen Rojo.

En un informe preliminar al que tuvo acceso Diario Antofagasta y que ya es motivo de análisis para los concejales, el organismo fiscalizador advirtió que efectivamente existe un vínculo entre Izquierdo y el municipio, sin mediar entre ellos ningún contrato de prestación de servicios distinto al que liga a Izquierdo con la CMDS, razón por la cual los resultados del sumario serán remitidos a la Fiscalía Local de Antofagasta y el Consejo de Defensa del Estado.

Una situación que para muchos trajo a la memoria lo sucedido con el ex Alcalde de Antofagasta, Daniel Adaro, quien fue destituido de su cargo y condenado por fraude al fisco, luego de determinarse que varios de sus asesores trabajaban en la municipalidad y no en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), pese a que se encontraban contratados por esta última institución, que además era su pagadora.

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Al respecto, consultamos a dos destacados juristas de la región, quienes entregaron sus apreciaciones tras conocerse la existencia del mencionado informe, en relación a si la actual administración municipal podría tener un final parecido a lo acontecido con el ex alcalde Adaro y las consecuencias que podría tener para una administración municipal el mal uso de recursos públicos.

Los abogados coinciden en que se trata de una situación muy delicada que aún se encuentra en etapa de investigación, por lo cual todo análisis que se pueda realizar es hipotético. Asimismo, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, Rubén Gajardo, destaca que el uso de recursos públicos para fines diferentes a los estipulados en contrato, podría llegar a ser constitutiva de delito.

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Rubén Gajardo, abogado y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta.

“La situación es delicada”

“Tengo conocimiento de la situación ocurrida en la Municipalidad de Antofagasta por las informaciones de prensa. Sé que hay un informe de Contraloría, pero no lo conozco. De tal manera que sólo puedo opinar hipotéticamente en relación a información de prensa. Entonces, lo que puedo decir de la materia es que, si es efectivo lo que en la prensa se señala, que se habrían utilizado recursos destinados a las obligaciones que cumple la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en materia de educación y en materia de salud, la situación es delicada porque se trata de fondos públicos.

Es grave porque son fondos públicos que no se pueden destinar a un efecto distinto del que la ley establezca. De tal manera que, si esos recursos se utilizaron para otros fines, en la municipalidad estaríamos incurriendo en una infracción que podría ser constitutiva de malversación de caudales públicos.

Recuerdo que una situación similar se dio en los tiempos del ex alcalde Adaro. Precisamente los tribunales resolvieron que esta fórmula de financiamiento de gastos municipales con fondos de la Corporación destinados a estudiantes y a materia de salud, era constitutivo de delito”. 

 
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Jaime Araya, abogado y ex concejal de Antofagasta.

“Etapa muy preliminar”

“Lo más importante frente a ese informe que se ha conocido es la prudencia para tratamiento de la información. Por expresa normativa legal la Contraloría no puede establecer ni investigar responsabilidades que no sean de carácter administrativo. En consecuencia cuando decida remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que está haciendo es cumplir el mandato que le impone la ley en orden a que, cualquier funcionario público que conozca de hechos irregulares que puedan constituir algún tipo de delito, debe poner dichos hechos en manos de la autoridad pertinente. En este caso Contraloría estimó que los hechos son irregulares y, por lo tanto, los pone en conocimiento.

En modo alguno hoy día uno podría aventurar qué va a suceder con este informe de Contraloría, pues está en una etapa muy preliminar y conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico, le corresponderá al Consejo de Defensa del Estado evaluar los antecedentes en su mérito, y al Ministerio Público iniciar la investigación que estime pertinente.

Respecto de si se configura una situación similar a la acontecida con Daniel Adaro, sería demasiado irresponsable anticipar un juicio al respecto porque el informe tiene antecedentes muy preliminares aún. Sin embargo, lo único que tiene en común con el caso del ex alcalde Adaro es que se trata de un informe iniciado por la propia Contraloría”.