Injuv Antofagasta recibe condena y deberá pagar millonaria indemnización por despido político

La decisión de desvincular al profesional por razones políticas habría sido adoptada por la Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga.
La decisión de desvincular al profesional por razones políticas habría sido adoptada por la Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga.
La decisión de desvincular al profesional por razones políticas habría sido adoptada por la Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga. (Imagen de archivo)

El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta condenó al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) a pagar una indemnización de más de 26 millones de pesos a encargado de comunicaciones, que fue desvinculado en forma arbitraria en junio pasado.

En el fallo el juez Francisco Lanas Jopia estableció el actuar infundado y con vulneración a la garantía a la no discriminación del trabajador demandante, quien en su oportunidad denunció que su desvinculación obedeció a una solicitud realizada por la Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga, la cual tuvo acogida a nivel central.

Existe un trato discriminatorio, puesto que la nueva autoridad administrativa, separa, excluye al trabajador de su trabajo habitual, sobre la base que éste no pude desarrollar sus funciones por sus lineamientos políticos”, consigna el fallo.

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La resolución agrega que: “ha quedado probado en este juicio y asentado en esta sentencia, que el trabajador no incurrió en los fundamentos de término, y sin embargo, su empleador dispuso dicha conclusión, y al hacerlo ejecutó actos y realizó conductas innecesarias, abusivas, ilegítimas, constitutivas de discriminación de tal envergadura que no pueden justificarlo ni ampararlo”.

La decisión del término de la contrata del funcionario demandante, fue infundada, debido que aun cuando existe una resolución que contiene los argumentos, ellos no son aplicables al actor y carecen de sustento fáctico, y por lo tanto, al dictar la resolución de terminación de la contrata el empleador obró más allá de sus propias atribuciones, alterando o desvirtuando el contenido de la ley, específicamente del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos, en relación a un funcionario que se desempeñaba en calidad de contrata”, sentenció el tribunal.