Una severa crisis administrativa y financiera sacude al Hospital Doctor Carlos Cisternas de Calama (HCC), luego de que un informe final de la Contraloría Regional determinara formular un juicio de cuentas y un reparo histórico por la suma exacta de $2.353.540.670. La fiscalización, que abarcó exhaustivamente el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2025, detectó un alarmante descontrol en los procesos de licitación, adjudicación y validación de pagos estatales. Debido a la gravedad de los hallazgos y a una escandalosa dilación interna por parte del hospital —que mantuvo los procesos disciplinarios paralizados por más de 290 y 310 días hábiles—, el organismo de control anunció que asumirá directamente la ejecución de los procedimientos sumariales para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados, otorgando un plazo perentorio de 15 días hábiles al recinto para entregar la totalidad de los expedientes.
El grueso del millonario desfalco objetado por el ente regulador apunta de forma directa a las contrataciones de los servicios de vigilancia, seguridad y aseo delegados en la empresa Constructora Guerra Letelier SpA. En este ítem, la Contraloría constató que el establecimiento médico desembolsó $783.330.661 por concepto de “Mano de obra” en seguridad y otros $684.523.100 en aseo sin contar con un solo respaldo fidedigno que acreditara que dicho personal prestó efectivamente los servicios, careciendo por completo de contratos de trabajo o registros de asistencia oficiales. Para empeorar el panorama, la firma privada se adjudicó y ejecutó su primer contrato de vigilancia mediante trato directo el 17 de mayo de 2023 por más de $449 millones sin poseer el giro económico correspondiente ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) ni contar con la autorización obligatoria del OS-10 de Carabineros de Chile, la cual obtuvo recién cuatro meses más tarde.
La sangría de fondos públicos con la citada constructora incluye, además, el pago improcedente de $393.919.521 asociados a los conceptos de “Otros” y “Gastos Generales” en seguridad, y de $85.895.131 en aseo, ítems que jamás estuvieron definidos ni contemplados en las bases administrativas ni en los contratos. Asimismo, las unidades técnicas y financieras del hospital visaron ciegamente estados de pago que arrastraban groseros errores matemáticos, lo que generó pagos en exceso por $116.158.756 debido a la duplicación de subtotales, sumado a otros $27.062.588 excedidos en la factura N° 125 por fallas en el cálculo neto del IVA. A esto se añade una alarmante falta de trazabilidad en la adquisición de insumos, donde se pagaron a ciegas $114.602.942 en materiales de aseo, $64.140.120 en uniformes, $39.373.493 en elementos de protección personal y $27.388.858 en equipamiento mínimo, todo ello supervisado únicamente de forma “visual” y sin facturas ni guías de despacho que comprobaran su recepción real en el recinto.
Por otra parte, el informe de la Contraloría destapó un escenario delictual y ético sumamente grave respecto a los contratos de mantención y adquisición de repuestos médicos celebrados con la empresa Four Service SpA, firma que recibió más de $558 millones entre 2022 y 2024 sin tener actividades económicas vigentes para el rubro. El ente fiscalizador comprobó que el proveedor adulteró de forma flagrante la documentación para acreditar su experiencia en una licitación privada, presentando una factura emitida a Codelco que en realidad correspondía a un servicio previo del propio hospital por un concepto distinto, adjuntando además órdenes de compra falsas que no figuraban en los registros tributarios. En la misma línea, la empresa utilizó cartas de recomendación espurias con timbres y firmas falsificadas en tres procesos de licitación, recurriendo también a cartas emitidas por empresas de familiares directos (hermanos) de uno de los socios, ocultando la inexistencia de relaciones comerciales reales entre dichas entidades.
Estas anomalías y debilidades en el control interno del Hospital de Calama golpearon directamente la continuidad asistencial y la salud de los usuarios loínos, registrándose una negligente demora de más de ocho meses en la reparación del Ortopantomógrafo, un equipo médico dental crítico dañado el 5 de septiembre de 2024 durante una mantención correctiva deficiente de Four Service SpA. Debido a que las bases de licitación redactadas por el hospital no contemplaban multas, seguros ni garantías ante daños materiales provocados por proveedores, la disponibilidad del aparato recién se logró en abril de 2025, forzando la reducción de atenciones de imagenología oral y costosas externalizaciones de servicios. La impunidad de la firma se consolidó mediante la adjudicación de contratos de mantención por $34.034.000 que ni siquiera fueron formalizados con firmas legales dentro de los plazos establecidos, además de recibir tratos directos bajo la falsa y no acreditada justificación de ser un “proveedor exclusivo” de sistemas de control.
Finalmente, la auditoría expuso un flagrante conflicto de interés protagonizado por el funcionario Diego Bruna Aracena, jefe de control centralizado del hospital, quien mantenía un vínculo personal directo —una hija en común— con la representante legal de Four Service SpA. Pese a que el servidor público estaba obligado a abstenerse de cualquier etapa del proceso, intervino de forma improcedente actuando como unidad técnica y emitiendo certificados de conformidad que visaron y respaldaron los pagos a la empresa de su expareja. Ante el colapso total de los filtros internos, que incluyó omitir de forma ilegal el trámite previo de “Toma de Razón” ante la Contraloría en contratos que superaban las 8.000 UTM, el Hospital de Calama deberá reestructurar de manera urgente sus departamentos de abastecimiento y jurídico, persiguiendo penal y administrativamente las graves irregularidades que empañan la probidad del principal centro de salud de la Provincia de El Loa.
