En un juicio abreviado realizado en el Juzgado de Garantía de Taltal, se condenó al ciudadano italiano Andrea Piombetti a 818 días de presidio menor, pena que fue sustituida por su expulsión inmediata de Chile y la prohibición de ingresar al país durante 10 años.
Además, deberá pagar una multa de 5 millones de pesos por el contrabando de 964 ejemplares de cactus Copiapoa, una especie endémica y amenazada de la región.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Taltal, junto a la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI y la Policía Italiana, reveló que Piombetti realizó siete viajes entre 2013 y 2019 para extraer ilegalmente los cactus, fotografiarlos y georreferenciarlos. Posteriormente, enviaba las plantas desde la sucursal de Correos de Chile en Taltal hacia Grecia y Rumania, donde eran redirigidas a Italia para ser comercializadas a precios que superaban los mil euros por ejemplar.
El tráfico quedó al descubierto en 2020 cuando la Policía Italiana halló las especies en una vivienda en Senigallia, Ancona. Este hallazgo permitió activar la colaboración internacional que derivó en la detención de Piombetti en el Aeropuerto de Santiago en septiembre de este año.
Impacto ecológico y cooperación internacional
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este caso: “El contrabando de especies vegetales y también animales, es altamente dañino para los ecosistemas. En este caso estamos hablando de una persona que por años extrajo ilegalmente especies de cactus que sólo existen en la zona de Taltal, generando un daño tremendo, que, gracias al trabajo conjunto con distintos organismos, pudimos detectar y perseguir, logrando en definitiva una sentencia que impide a este sujeto continuar con su actividad ilícita”.
Además, Castro resaltó que esta investigación fue presentada como ejemplo de cooperación internacional en un reciente encuentro en Uruguay.
El abogado Mauro Osses Ardiles, de la Fiscalía de Taltal, señaló que continúan investigando casos similares. Hace semanas, Bidema inspeccionó viveros en Taltal, encontrando especies sin documentación legal, que podrían ser protegidas.
Multas y sanciones
La sentencia incluyó la accesoria de suspensión de cargos públicos durante el periodo de condena y una multa de 74,3 UTM (aproximadamente 5 millones de pesos). La Fiscalía reiteró que cualquier persona o institución que infrinja las leyes de protección de la flora y fauna silvestre enfrentará investigaciones rigurosas y sanciones ejemplares.