La imagen de la exalcaldesa Karen Rojo ingresando al Centro de Justicia para comenzar a cumplir la condena que eludió durante más de cuatro años volvió a instalar una pregunta que ha acompañado a la Región de Antofagasta durante las últimas dos décadas: ¿cómo una zona que concentra parte importante de la riqueza minera del país ha sido escenario de tantos casos que han puesto en entredicho la probidad de sus instituciones y autoridades?
La respuesta no es simple. Los episodios que han marcado a la región son distintos entre sí. Algunos concluyeron con condenas penales; otros derivaron en destituciones por graves faltas a la probidad; varios permanecen bajo investigación y algunos terminaron con severas observaciones de la Contraloría General de la República.
En conjunto, sin embargo, reflejan una sucesión de hechos que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas y que ha involucrado a autoridades de prácticamente todo el espectro político.
Estos son diez de los casos más relevantes.
1. Karen Rojo: el caso que terminó con una extradición internacional
La exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo protagonizó uno de los casos con mayor impacto político y judicial en la historia reciente de la región. Tras una extensa investigación, la justicia estableció que cerca de $24 millones de recursos públicos provenientes de las áreas de salud y educación municipal fueron destinados al pago de una asesoría comunicacional orientada a fortalecer su imagen política y favorecer su campaña de reelección, en un gasto ajeno a los fines institucionales del municipio.
En marzo de 2022, la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en su contra, dejándola condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al Fisco, además de las penas accesorias contempladas por la ley. La resolución puso término a uno de los procesos judiciales más relevantes que ha enfrentado una autoridad comunal de la Región de Antofagasta.
Ese mismo día, antes de que se decretaran medidas cautelares en su contra, Rojo abordó un vuelo comercial con destino a Ámsterdam. Como no existía una orden de arraigo nacional ni una orden de detención vigente, pudo abandonar legalmente el país. Al día siguiente se dictó una orden de captura internacional, iniciándose un proceso de cooperación judicial entre Chile y los Países Bajos.
En julio de 2022 fue detenida por las autoridades neerlandesas y permaneció privada de libertad mientras se resolvía la solicitud de extradición presentada por el Estado de Chile. Tras agotar las instancias judiciales en ese país, la justicia de los Países Bajos autorizó su entrega, concretándose finalmente su extradición en julio de 2026 para cumplir la condena impuesta por los tribunales chilenos.
El caso Karen Rojo marcó un precedente en la persecución de delitos contra la probidad pública, no solo por la condena de una autoridad comunal en ejercicio, sino también por el inédito proceso internacional que permitió su retorno al país para cumplir una sentencia firme por fraude al Fisco.
2. La destitución y condena del fallecido exalcalde Daniel Adaro
Mucho antes del caso Rojo, Antofagasta ya había enfrentado un episodio que remeció la política comunal. El ex alcalde Daniel Adaro, militante de la Democracia Cristiana y una de las figuras políticas más populares de la comuna durante la década de 1990, fue destituido de su cargo tras ser condenado por la justicia por el delito de fraude al Fisco.
La investigación estableció que Adaro contrató irregularmente a tres asesores que fueron remunerados con recursos municipales sin que existiera una prestación efectiva de servicios, hechos por los cuales fue condenado en 2008.
Durante todo el proceso, Adaro sostuvo su inocencia y afirmó que nunca existió ánimo de defraudar al municipio. En la ciudad, su caso continúa siendo recordado con opiniones divididas. Mientras la justicia estableció su responsabilidad penal, parte de quienes respaldaron su gestión sostienen que fue mal asesorado por colaboradores de confianza y que el proceso se desarrolló en medio de una fuerte disputa política impulsada por sectores que buscaban poner fin a su administración.
Tras cumplir la inhabilidad, Daniel Adaro intentó regresar a la política en 2016, sin éxito electoral. Falleció en 2019, a los 74 años. Años más tarde, el caso tendría un inesperado paralelo con la condena de Karen Rojo, convirtiendo a Antofagasta en una de las pocas capitales regionales donde dos alcaldes elegidos democráticamente fueron removidos de sus cargos tras sentencias judiciales.
3. Democracia Viva: el caso que dio origen al Caso Convenios
Lo que comenzó en Antofagasta terminó convirtiéndose en una investigación de alcance nacional. El denominado caso Democracia Viva marcó un punto de inflexión en la política chilena y situó a la Región de Antofagasta en el centro de una de las mayores investigaciones por el uso de recursos públicos de los últimos años.
La investigación se originó en 2023 luego que funcionarios denunciaran la suscripción de tres convenios por un total de $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, entidad vinculada a militantes de Revolución Democrática y que carecía de experiencia en la ejecución de los programas adjudicados. El entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, había compartido militancia política con Daniel Andrade, representante legal de la fundación, quien además mantenía una relación de pareja con la exdiputada Catalina Pérez.
Las revelaciones dieron origen a una investigación del Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y otros ilícitos asociados a la asignación y ejecución de los convenios. La causa continúa en desarrollo y derivó en formalizaciones de distintos involucrados, además de diligencias patrimoniales y medidas cautelares mientras avanza la investigación.
El caso también provocó una profunda crisis política en el frenteamplismo. Carlos Contreras dejó su cargo; Daniel Andrade pasó a ser uno de los principales imputados de la investigación; y la diputada Catalina Pérez enfrentó una intensa presión política, la suspensión de su militancia y posteriores acciones judiciales para determinar su eventual participación o conocimiento de los hechos, antecedentes que continúan siendo materia de investigación.
Más allá de Antofagasta, Democracia Viva destapó el denominado Caso Convenios, dando origen a investigaciones sobre decenas de transferencias de recursos públicos a fundaciones en distintas regiones del país, motivando auditorías de la Contraloría General de la República, comisiones investigadoras en el Congreso, modificaciones en los mecanismos de asignación de recursos y una revisión nacional de los convenios celebrados entre organismos públicos y entidades privadas.
4. Jonathan Velásquez: condenado por la justicia electoral tras una administración marcada por la controversia
La administración del exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez estuvo marcada por una sucesión de conflictos políticos, cuestionamientos administrativos e investigaciones que la convirtieron en una de las gestiones municipales más controvertidas de la historia reciente de la ciudad.
Tras perder la reelección en 2024, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió condenarlo en sede electoral, estableciendo que incurrió en notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa durante su gestión. Como sanción, fue inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. Si bien la sentencia se dictó cuando ya no ejercía como alcalde, el fallo frustró sus aspiraciones de volver a competir por un cargo de elección popular.
Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abiertas diversas investigaciones vinculadas a actuaciones ocurridas durante su administración. Entre ellas se encuentran el cuestionado trato directo para la contratación del servicio de recolección de residuos domiciliarios; el eventual uso de abogados y recursos municipales para la representación de intereses personales del entonces alcalde; contrataciones y desvinculaciones de funcionarios; además de otras decisiones administrativas denunciadas por concejales y organismos fiscalizadores. No obstante, hasta la fecha ninguna de estas causas ha dado lugar a formalizaciones, por lo que las diligencias continúan en etapa investigativa.
Su gestión también quedó profundamente marcada por el caso de la profesora Katherine Yoma, cuyo fallecimiento en 2024 conmocionó al país y puso bajo la lupa la respuesta institucional frente a las denuncias de agresiones, amenazas y vulneraciones que había realizado mientras ejercía como docente de la CMDS. El caso generó investigaciones administrativas, masivas manifestaciones y fuertes cuestionamientos a la gestión municipal y de la corporación.
A la crisis institucional se sumó el impacto de los denominados Plan 9 Papers, una filtración de más de 700 páginas de conversaciones privadas entre el exalcalde y parte de su círculo de confianza. Los chats revelaron descalificaciones contra dirigentes sociales, funcionarios y autoridades, además de conversaciones sobre contrataciones, operadores políticos, presuntos favores y el funcionamiento interno del municipio, generando nuevas denuncias y profundizando el deterioro político de la administración.
El caso evidenció cómo una administración municipal podía enfrentar simultáneamente responsabilidades en sede electoral, investigaciones penales y una profunda crisis política e institucional.
5. Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta: más de $3.000 millones objetados y la influencia de los hermanos Araya
Lo que comenzó como uno de los proyectos más ambiciosos para fortalecer la formación médica y la atención de salud pública en la región terminó convirtiéndose en una de las mayores controversias administrativas de la última década.
Una investigación de la Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la administración del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta y objetó convenios, contratos y operaciones por más de $3.000 millones. El organismo resolvió destituir al entonces rector Luis Loyola y a la exvicerrectora económica Marinka Varas, además de sancionar administrativamente a otras 11 personas.
Entre ellas figura la exdelegada presidencial Karen Behrens, quien fue multada y recibió una anotación de demérito por actuaciones realizadas cuando se desempeñaba como encargada de Adquisiciones de la Universidad de Antofagasta. Contraloría también remitió antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.
El caso adquirió además una importante dimensión política. El proyecto fue impulsado durante años por el senador Pedro Araya, mientras que su hermano, el diputado Jaime Araya, patrocinó demandas laborales contra la universidad que concluyeron con acuerdos superiores a $86 millones, pagos posteriormente objetados por Contraloría.
A ello se sumaron cuestionamientos por la contratación de operadores políticos y personas vinculadas al entorno familiar de los hermanos Araya en el Hospital Clínico, varios de los cuales percibieron remuneraciones pese a que el recinto aún no se encontraba operativo. Si bien estos antecedentes fueron parte del debate público y de las investigaciones administrativas sobre la gestión del proyecto, las responsabilidades establecidas por Contraloría recayeron en autoridades y funcionarios universitarios.
Por la magnitud de los recursos comprometidos, el número de personas sancionadas y la proyección política de sus protagonistas, el caso del Hospital Clínico UA se consolidó como uno de los episodios más relevantes sobre probidad y gestión de recursos públicos en la historia reciente de la Región de Antofagasta.
6. Sierra Gorda: casi dos décadas de controversias por el padrón electoral
Pocas comunas de Chile han enfrentado una controversia electoral tan persistente como Sierra Gorda. Desde hace casi dos décadas, el crecimiento de su padrón electoral —muy superior al de su población residente— ha generado recurrentes denuncias por eventuales traslados irregulares de domicilio, investigaciones judiciales y sucesivas intervenciones de los tribunales electorales.
El origen de esta crisis institucional se remonta a la gestión del exalcalde Carlos López Vega (2004-2008), una de las figuras más controvertidas de la política regional. El punto de inflexión ocurrió tras las elecciones municipales de 2008, cuando las denuncias por presuntos “acarreos electorales” e irregularidades en el padrón derivaron en una decisión inédita del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que anuló los comicios y ordenó repetir íntegramente la elección municipal en 2009. A este episodio se sumaron posteriormente otros cuestionamientos judiciales al exjefe comunal, incluyendo una causa por presunto fraude al Fisco relacionada con contratos municipales durante su administración, en la que el Consejo de Defensa del Estado intervino como querellante.
Desde aquel quiebre, el fenómeno del “acarreo electoral” ha reaparecido de manera recurrente en cada ciclo electoral, consolidándose como una de las controversias políticas más persistentes de la región. La situación volvió a escalar en 2024, cuando el abultado crecimiento del padrón motivó reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Tras revisar los antecedentes, el organismo ordenó excluir a 663 electores que no lograron acreditar un vínculo efectivo con la comuna, decisión posteriormente confirmada por el Tricel. En paralelo, la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio para determinar la eventual existencia de delitos electorales asociados a estas inscripciones.
Las elecciones municipales de ese año, que dieron como ganadora a Adriana Rivera, se desarrollaron en medio de un clima de impugnaciones y acciones judiciales, incluyendo una solicitud de nulidad electoral que finalmente fue rechazada por los tribunales. Aunque las investigaciones penales continúan en desarrollo y no existen condenas por los hechos más recientes, el caso de Sierra Gorda se mantiene como uno de los principales referentes nacionales sobre los desafíos que enfrentan las instituciones para resguardar la integridad de los procesos electorales en comunas de baja densidad poblacional.
7. El caso Canastas: millonarias compras en pandemia bajo investigación
La pandemia obligó al Estado a realizar compras de emergencia por miles de millones de pesos. En Antofagasta, una de las principales investigaciones se originó a partir de la adquisición y distribución de cajas de alimentos destinadas a familias afectadas por la crisis sanitaria.
Las diligencias del Ministerio Público y las auditorías posteriores pusieron bajo la lupa procesos de contratación, la selección de proveedores y la ejecución de contratos financiados con recursos públicos. El caso involucró a la entonces Intendencia Regional y derivó en investigaciones respecto de eventuales delitos contra la administración pública.
En los últimos meses, la causa volvió a registrar movimientos luego de nuevas diligencias impulsadas por la Fiscalía, incluyendo la incautación del teléfono celular del exintendente y exdelegado presidencial Edgar Blanco, en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.
Aunque hasta ahora no existen condenas, el denominado “Caso Canastas” se mantiene como una de las investigaciones más relevantes relacionadas con el uso de recursos públicos durante la pandemia en la Región de Antofagasta.
8. Residencias sanitarias: millonarios contratos, observaciones y cuestionamientos
La implementación de residencias sanitarias durante la pandemia por COVID-19 permitió aislar a miles de personas contagiadas, pero también dio origen a cuestionamientos sobre la forma en que fueron administrados millonarios recursos fiscales.
Diversos informes de la Contraloría General de la República detectaron observaciones en contratos suscritos por la Seremi de Salud de Antofagasta, incluyendo pagos por habitaciones que no fueron utilizadas y deficiencias en los mecanismos de control de las prestaciones contratadas.
La controversia también alcanzó al ámbito político luego de conocerse que uno de los hoteles utilizados como residencia sanitaria en Mejillones pertenecía a la familia del entonces diputado RN José Miguel Castro. Si bien las autoridades de la época descartaron irregularidades en la adjudicación y el parlamentario no fue objeto de imputaciones penales, el episodio reabrió el debate sobre los conflictos de interés y los estándares de transparencia en la contratación pública durante la pandemia.
Las observaciones formuladas por Contraloría se transformaron en uno de los principales cuestionamientos a la gestión sanitaria regional en ese período.
9. El financiamiento ilegal de la política: boletas ideológicamente falsas
El caso nacional por financiamiento irregular de campañas políticas mediante boletas ideológicamente falsas también alcanzó a figuras vinculadas a la Región de Antofagasta.
Entre los nombres aparecieron dirigentes y exautoridades de distintos sectores, como Robert Araya, exconcejal de la UDI y el actual diputado PPD Jaime Araya.
Este último fue formalizado en 2016 por la emisión de seis boletas por un total de $12 millones, consideradas ideológicamente falsas por el Ministerio Público. La causa en contra de Araya terminó mediante una suspensión condicional del procedimiento y el pago de una multa. Por lo tanto, no existió una sentencia condenatoria que acreditara penalmente su responsabilidad.
El episodio fue parte de un escándalo nacional que mostró que las fórmulas irregulares de financiamiento electoral atravesaban diferentes coaliciones políticas y no estaban limitadas a un solo sector.
10. Daniel Agusto y el caso COMDES: la compra de una vivienda familiar con fondos de salud
El exalcalde de Calama y exdelegado presidencial Daniel Agusto enfrenta una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes surgidas en la Región de Antofagasta durante los últimos años. El denominado caso COMDES se originó a partir de la compra, en 2018, de un inmueble perteneciente a familiares directos del entonces alcalde, operación financiada con recursos públicos destinados a la atención primaria de salud.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la querella del Consejo de Defensa del Estado, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES), presidida por Agusto, adquirió la propiedad por $190 millones utilizando fondos per cápita de salud. La vivienda pertenecía, entre otros, a su prima Jubitza Tapia, quien además ejercía un cargo directivo en la propia corporación y participó en parte del proceso que culminó con la adquisición del inmueble. El proyecto para el cual se justificó la compra nunca se concretó.
La Contraloría detectó diversas irregularidades en la operación y remitió los antecedentes al Ministerio Público. En mayo de 2024, Daniel Agusto fue formalizado por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible. En esa oportunidad el Juzgado de Garantía de Calama decretó su prisión preventiva, medida que posteriormente fue sustituida por cautelares mientras continúa la investigación.
El caso también involucra a otros exdirectivos de la COMDES y se ha convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al uso de recursos públicos en la región. A la fecha, la causa permanece en tramitación y será la justicia la que determine las responsabilidades penales de los imputados.
Una crisis que trascendió los colores políticos
Aunque cada uno de estos casos presenta características distintas y etapas procesales diferentes, existe un elemento común: todos contribuyeron a deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones públicas de la Región de Antofagasta.
La sucesión de condenas, destituciones, investigaciones penales, cuestionamientos administrativos y observaciones de organismos fiscalizadores ha involucrado a autoridades pertenecientes a la Democracia Cristiana, la UDI, Renovación Nacional, el PPD, el Frente Amplio y otras fuerzas políticas.
La extradición de Karen Rojo vuelve a recordar que la rendición de cuentas puede tardar años, pero también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y probidad en una región estratégica para el desarrollo del país.
Más allá de las responsabilidades individuales y de la presunción de inocencia que ampara a quienes aún son investigados, estos episodios conforman una cronología que explica buena parte de la crisis de confianza que hoy enfrenta la política regional y que continúa planteando un desafío para las instituciones y para quienes aspiran a ejercer cargos públicos.