Entre el 14 y el 16 de agosto, la rectoría de la Universidad Arturo Prat (UNAP) recepcionó formalmente varias denuncias y antecedentes relacionadas con la apropiación indebida del trabajo intelectual de alumnos y ex alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial que han realizado tesis de titulación.
Estos hechos, según se indican en los antecedentes, habrían ocurrido desde un tiempo a la fecha en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en la cual se apunta a un grupo de académicos que incluye al decano, la directora de docencia, el director de calidad, al jefe de carrera y a un profesor.
Por ello, ante la gravedad de las denuncias, la Rectoría instruyó una investigación sumaria para indagar y esclarecer los hechos.
Sumario administrativo
Según explicaron mediante una declaración pública, tras la investigación sumaria, la fiscalía interna solicitó al rector elevar dicha indagatoria administrativa a la categoría de sumario administrativo, cuyo proceso actualmente se encuentra en curso para determinar responsabilidades funcionarias.
En ese contexto, la casa de estudios estatal remarcó que “la autoría intelectual y el reconocimiento de quienes realizan investigaciones es de fundamental importancia, toda vez que más allá de circunscribir solo aspectos académicos, conllevan principios, de orden valóricos y éticos”.
Por ello, insistieron en que “no hay espacio alguno para que el conocimiento que aportan nuestros estudiantes y académicos sea mancillado”.
Con todo, admitieron que esta situación afecta la integridad del resto de los académicos de la casa de estudios, razón por la que -según aseguraron- también se ocuparán de velar por el interés superior de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes y sus familias.
En tanto, el asesor jurídico del plantel estudiantil, Ariel Smith, aseguró en conversación con BioBioChile que de acuerdo con los plazos estimados, dentro de 3 o 4 meses se podrían tener los resultados del sumario administrativo en curso.
Además, el profesional mencionó que los docentes investigados se exponen incluso a la destitución por tratarse de actos que podrían atentar gravemente en contra de la probidad.
