El gobierno del Presidente Sebastián Piñera se hizo parte este jueves en defensa de las AFP en el proceso que se sigue ante el Tribunal Constitucional, por el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Lo anterior, en contexto de la tramitación de un recurso de protección presentado por la profesora antofagastina María Ojeda, que busca sacar sus ahorros en AFP Cuprum.
El presidente Sebastián Piñera, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, enviaron su opinión sobre la materia al Tribunal Constitucional, pidiendo rechazar el requerimiento.
En el escrito enviado por el Gobierno, señalan que aceptar la petición “afectaría grandemente el derecho a la seguridad social, porque finalmente tales afiliados, una vez utilizados los fondos rescatados desde sus cuentas de capitalización individual, con el objeto de solucionar necesidades inmediatas, reclamarán pensiones del Estado, que éste no podrá financiar a través del Pilar Solidario, atendido que nuestro Sistema de Pensiones, parte de la base en que existe un piso autofinanciado por los fondos de pensiones”.
El documento sostiene que si se accediera a la devolución de los fondos, permitiría que todos afiliados pudiesen recurrir a las AFP para hacer retiro de sus mismos recursos.
“Aquello implicaría poner a los actores en una situación única y especial distinta a la de los demás afiliados al Sistema de Pensiones, los que, evidentemente y por disposición de las normas aplicables al asunto, no pueden hacer retiro de sus fondos previsionales, creando a su respecto una nueva situación que permitiría entonces que todos los afiliados al Sistema de Pensiones, efectuaran la misma solicitud y en consecuencia el retiro de los fondos solicitados”, dice el argumento del Gobierno.
Esto, para los representantes del Ejecutivo, “implicaría inexorablemente desconocer, lisa y llanamente, toda la normativa previsional y, peor aún, la importancia que el constituyente ha otorgado a la seguridad social, derecho que elevó a rango constitucional”.
Eso, porque el gobierno considera que si dichas cotizaciones van a tener un fin distinto al de ahorro para la pensión, como el pago de hipótecas o el cubrir enfermedades de alto costo, entre otros, supondría que no se puede garantizar la pensión mínima fijada por el Estado, por lo que se estaría “desconociendo el destino que el legislador le ha dado a los Fondos de Pensiones y con ello, todas las normas reguladoras del Sistema Previsional chileno”.
Luego que el TC se pronuncie respecto al requerimiento de inaplicabilidad que presentó la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde Ojeda acudió para resolver su caso, el tribunal de alzada tendrá que fallar.
